Raro es en un sector que la parte productora, el agricultor, denuncie a la parte productora que representa su cooperativa, por presunta complicidad en supuestas estrategias de bajadas de precios. Y  mucho menos en el aceite de oliva donde hasta ahora, los olivareros eran una piña cuando reclamaban en la calle el almacenamiento privado en situaciones de crisis, o denunciaban movimientos especulativos en la distribución por el uso de la botella como reclamo de la cesta de la compra en los supermercados por ejemplo.
Quizás en La Mancha sí estábamos más acostumbrados a este extraño enfrentamiento cuando las liquidaciones de las cooperativas vitivinícolas, al final de una campaña de comercialización, no convencían a las bases que, en lugar de pedir cuentas en el seno interno o en las asambleas de sus propias empresas, lo hacían en ruedas de prensa a través de alguna organización agraria o sindicatos poniendo en duda el sistema cooperativo, o al menos la gerencia de muchas de estas sociedades.
La denuncia -estos días- de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía de estar ante una «espiral suicida incomprensible» y responsabilizar directamente al sector cooperativo por «contribuir decididamente a esta situación regalando el aceite» es demasiado peligrosa por genérica e imprecisa; Con unos supuestos hechos tan graves es de recibo que presenten la documentación pertinente a órganos de control como la AICA, pongan nombres y apellidos, si como sostiene en el mismo comunicado, tienen constancia de «operaciones de grupos cooperativos, por debajo de los costes de producción»; una situación que si se demostrara sería ilegal, y tendría fuertes sanciones, según los preceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria.  Ocurriría lo mismo en el caso de la denuncia de fraude de mezclas para abaratarlo que lanzó recientemente el presidente de DCoop pidiendo a la Fiscalía que intervenga.
En este río revuelto -sin embargo- hay datos que habrían encendido la mecha explosiva: Las medias de las operaciones que registra el sistema de precios en origen de 'PoolRed' en la última semana, reflejan un diferencial de entre un 15 y hasta un 19 por ciento menos en el aceite virgen extra, virgen o lampante. Y por esto mismo, UPA no se ha quedado sola en la denuncia.    
Frente al silencio de la agrupación de cooperativas de España -que el viernes analizó las acusaciones en una sectorial por videoconferencia (este lunes podría lanzar un comunicado de respuesta)- otra organización Coag reaccionó pidiendo a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMV) que «investigue la drástica bajada tras comprobar que en unas semanas ha pasado de 8 euros kilo a poco más de 3». Quizás con más tacto o cálculo, la Coordinadora asegura que «sospechan que se están produciendo acuerdos comerciales en la compra de aceite en origen, forzando la bajada artificial del precio» y exige al Gobierno que actúe de oficio. Pero reconocen que «no tienen medios para aportar pruebas» y que por eso no pueden denunciar. Hacen un «llamamiento a los grandes grupos aceiteros y cooperativas para que un sector maduro como el nuestro sea capaz de enfrentarse a estrategias artificiales de bajada… y se saque al mercado el aceite con precios sensatos».
Al otro lado del mercado, envasadores e industriales esperan que escampe.