La apertura, cada año, del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC, representa más que un proceso administrativo en nuestro país. Es una radiografía bastante completa de quien es quien en nuestro campo, y un reflejo del lento relevo generacional que todas las formaciones políticas asumen como algo urgente pero sin solucionar.
Con las últimas reformas agrarias para vincular compromisos medioambientales y agrícolas y justificar así el cobro de estas subvenciones, se fueron expulsando del sistema a todos aquellos beneficiarios cuyos pagos representaban más carga administrativa que un apoyo a sus rentas, que es la filosofía que sigue fundamentando la existencia de esta política. 
De forma transitoria, los que tenían una PAC entre 100 y hasta 300 euros, tuvieron tiempo de vender o ceder sus derechos históricos, antes de perderlos para siempre, aunque estos fueran después a la Reserva Nacional que luego reparte el Ministerio de Agricultura gratuitamente entre los jóvenes incorporados además de otros solicitantes. 
Aquella decisión, consensuada en Bruselas por los estados miembros, generó un cierto revuelo o sorpresa para los que no se enteraron a tiempo, porque no eran  pocos los que estaban en esas horquillas tan bajas que en realidad provocaban cada año una gestión muy burocrática; eran fundamentalmente perceptores de edad avanzada que no habían hecho nuevas inversiones ni dimensionado sus explotaciones y que sin embargo tenían esa prima  simbólica,  que daba -en todo caso- para pagar algún jornal de poda o cualquier otra labor de mantenimiento.
El régimen de pequeños productores de la PAC es una bolsa que después se ha mantenido y sigue agrupando a beneficiarios de relativo impacto productivo, que cumplen una labor de conservación más medioambiental, donde la PAC tiene un espíritu más social que de rentabilidad. Ninguna administración ha querido prescindir de esta reserva o buscar otra salida para ellos, pese a ver cómo los presupuestos han ido menguando en cada proceso de reforma.
Con el paso de estos años, la PAC se ha ido concentrando en menos manos, seguramente en las que generan una producción agrícola relevante, para desventaja de la economía familiar, de ahí que atrás hayan quedado los más de 120.000 solicitantes de estas ayudas en la región, o incluso los más de 800.000 que había a nivel nacional, ya que el curso del tiempo y el elevado envejecimiento, han ido propiciando la natural reestructuración del sector.
Así por ejemplo, en Castilla -La Mancha, la consejería de Agricultura no espera esta vez más de 95.000 expedientes, lo que representa una disminución sobre campañas anteriores, aunque no en hectáreas que incluso habrían repuntado ligeramente.
Y este dato de reagrupación de derechos esconde posiblemente una nueva realidad empresarial que hay que estudiar para saber si entre ellos, está la savia nueva que se ha ido incorporando estos años, o si por el contrario, el grueso de las subvenciones sigue en manos de los de siempre. El nuevo pago redistributivo se diseñó precisamente para propiciar un cierto equilibrio.
El comisario de Agricultura ha asegurado en sus primeras comparecencias que los jóvenes necesitan un mayor blindaje de la única política agraria común que les protege ante la globalización, y que la próxima reforma tendrá que fijarse más en ellos para elevar su posición en la cadena alimentaria por la vía de estos apoyos a la renta.
El discurso y sus buenas intenciones suena demasiado parecido al que ya pronunciaron sus antecesores en el cargo y que luego se diluyó en tímidas respuestas como la del último debate donde lo más que se consiguió fue garantizar un 2 por ciento del presupuesto para ellos, con un uno por ciento adicional si la solicitante es una mujer. Sobre un presupuesto total de más de 47.000 millones de euros, en un país como el nuestro donde al final son las comunidades autónomas las que tienen que cofinanciar estas ayudas, está claro, vistos los últimos acontecimientos, que una instancia superior tendría que intervenir.