El foro nacional sobre relevo generacional de Pamplona, organizado por el Ministerio de Agricultura (MAPA) como parte de los compromisos que asumió tras las tractoradas para buscar soluciones al clamor de los agricultores, ha destapado una realidad en la que pocas administraciones habían reparado hasta ahora, o quizás no habían querido incidir: dos de cada tres jóvenes que se incorporan al sector agrario lo hacen sin ayudas por no compensarles la maraña de papeles, proyectos, controles y filtros que acarrea pedir y disfrutar después de la popular subvención, unos 7.500 euros por año, con una permanencia activa obligatoria de cinco.
Esto significa, por una parte, que son más los que están protagonizando el relevo que los que arroja la estadística de incorporaciones a partir de la resolución de esas solicitudes en cada una de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el anterior período PAC, habrían sido más de 20.000 en España, según la información aportada por el MAPA, y para este nuevo período, hasta el año 2027, se espera que lleguen otros 16.000. En diez años, sin embargo, serían necesarias 200.000 incorporaciones.
En Castilla-La Mancha, la recién resuelta primera convocatoria de la actual legislatura ha recibido más de 1.300 nuevas solicitudes de ayuda que, por cierto, se ha revisado al alza con respecto a las convocatorias del anterior período político, lo que significa rebasar ya las propias previsiones que la Consejería había hecho para los cuatro años que era llegar a un total de 2.000 nuevos jóvenes.
Pero el dato de los que dan el paso sin ayudas, evidencia también que el modelo requiere de una urgente revisión. No puede ser que la burocracia sea también un obstáculo y un factor disuasorio que haga pensar tanto si dar el salto a un negocio tan arriesgado como este.
Sobre todo porque en el año 2030 serán más los que se jubilen que los que permanezcan, dos de cada tres, y en ese escenario en el que fueran más las explotaciones que se cierren que las que se abran, perdemos todos. En este momento, solo el 9 por ciento están lideradas por jóvenes, frente a un 42 por ciento por mayores de 65 años; (en 2009 el porcentaje era del 27 por ciento).
Con los datos actualizados, parece que esté más claro el problema, cuya solución pasa porque los gestores del dinero público, los políticos, las administraciones, cambien también la manera de 'vender' esas ayudas como una oportunidad si debajo no hay una red de seguridad ni una monitorización o acompañamiento. De poco sirve presumir de las incorporaciones, si después de la permanencia firmada no sabemos muy bien qué pasa con esos chicos y chicas.
En esta cita, se ha echado en falta un mayor foco mediático sobre los interesados que por supuesto estuvieron presentes en las mesas de trabajo a puerta cerrada para que hablasen de sus problemas como el difícil acceso a la financiación, a la tierra, al agua… Las organizaciones agrarias representativas canalizaron ese sentir e hicieron de notarias.
En cualquier caso, lo peor sería que las conclusiones, difundidas por el Ministerio, se queden solo en hacer una guía con las regiones para mejorar las cosas, vistas al menos las interesantes sugerencias para mejorar el sistema de los anticipos de pago, por ejemplo, para que el dinero llegue a tiempo, cuando realmente se necesita, o que el apoyo económico no termine si la explotación no está asentada. Desde el plano fiscal, Hacienda también debería flexibilizar la tributación de los planes de incorporación, según se reclamó.
También parece elemental elevar la edad máxima por la que un nuevo aspirante es considerado administrativamente joven para optar a estas subvenciones. Y desde luego articular algún incentivo que movilice la disponibilidad de tierras, cuyos tenedores -muchos de ellos- todavía creen que traspasándola, pierden sus derechos de la PAC. Y es en este punto donde está la otra gran asignatura pendiente para dinamizar el relevo: ¿qué hacer con los mayores de 65 años que van retirándose? ¿Cómo propiciar una salida digna? ¿Deberían recuperarse las ayudas de cese anticipado?