Juan Ignacio de Mesa

Barrio de Santo Tomé

Juan Ignacio de Mesa


Vivienda

14/10/2024

En las últimas semanas se han celebrado en Toledo dos sesiones de debate en las que la gestión de la ciudad y el efecto que el urbanismo, la arquitectura y la arqueología tienen en ella supone que haya que preocuparse de la prioridad que se dé a cada una de las decisiones que afecta al ciudadano que reside en ellas. Al mismo tiempo se plantea la falta de viviendas, la escasez de oferta, la carestía de los alquileres y la baja capacidad de muchas economías familiares para poder pagar lo que el mercado pide. España ha vivido décadas en las que la compra de la vivienda era la aspiración de todo el mundo. Es más, las viviendas públicas que salían al mercado de alquiler, en unos casos por ineficiencia de gestión de las administraciones públicas y en otros por presión social, terminaban vendiéndose a sus ocupantes, generándose una especulación inmediata una vez en manos privadas. En Toledo hubo dos grandes promociones de vivienda pública, la primera, construida a principios de los años 50, que formó el barrio de Corea y que sacó a muchas familias de una situación angustiosa. Treinta años más tarde, coincidiendo con otra guerra, lo que también dio nombre a la nueva actuación, se terminaron las viviendas de las Malvinas, que permitió que muchas familias accedieran a una vivienda digna. Tanto unas cómo otras, se terminaron entregando a sus ocupantes, que, en bastantes casos, no eran los concesionarios originales de las mismas. Así, lo que podía haber sido un núcleo de viviendas públicas de alquiler, pasó al mercado inmobiliario, en algunos casos con transmisiones seguidas en la misma Notaría donde se firmó la escritura de cesión. 
Hace décadas que la administración no saca viviendas en alquiler al mercado, algunos altos cargos del Gobierno Central culpan al mercado de la situación que hay de falta de viviendas y altos alquileres. Una solución sería que la Administración sacara viviendas públicas en alquiler. En sus manos está promover que, entre todas las administraciones competentes, califiquen suelo y aporten recursos para construir, en todo o parte del terreno calificado, viviendas destinadas al alquiler social. ¿Por qué no lo hacen? Parece que es más fácil criticar a los demás, antes que reconocer la propia incompetencia.