Casi cuatro años después de admitir la denuncia a trámite, muy pocos contaban hoy con el archivo provisional de la causa dictada por el juez Calama de la Audiencia Nacional, y mucho menos con dar carpetazo a las investigaciones sobre un presunto fraude en el etiquetado de los vinos de Valdepeñas, por supuesta estafa, publicidad engañosa y falsedad documental que la Fiscalía, a instancias de la parte productora, presentó en abril de 2021 contra cuatro bodegas de la denominación de origen y el sistema de certificación.
Las razones jurídicas que muchos han interpretado como resbaladizas, también directas y desde luego chocantes, se apoyan en «el descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores… y de la administración pública, que impide determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal, si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella».
En otra parte de la sentencia alude al informe del Ministerio fiscal que argumentó «no poder sostener una acusación seria en base a suposiciones, por muy firmes que estas sean».
Curiosamente este inesperado final, que da para extensos análisis y reflexiones, coincide con el principio del nuevo rumbo que esas mismas partes aludidas y responsabilizadas del "descontrol", esto es: productores, bodegueros, certificadoras y administración autonómica, quieren dar a uno de los consejos reguladores más antiguo de la región. La voluntad, loable, pero el camino, lleno ahora de dudas razonables.
Ya resultó llamativo que pocos meses después de elevar el caso a la Audiencia Nacional, se pusieran en marcha las conversaciones para relanzar el Consejo a través de una nueva Junta directiva, desde la base de nuevos estatutos y con cambios en el pliego de condiciones para revitalizar el funcionamiento de este sello reconocido en prácticamente todo el circuito vitivinícola internacional, pero herido en su imagen y prestigio por la sospecha de un delito penal tan grave, cuya sombra se ha alargado durante demasiado tiempo para llegar ahora a este punto: el magistrado no afirma ni niega que existieran dichos delitos, pero remite a la vía civil o administrativa para que se actúe si es que corresponde.
En su alegato viene a decir que todos eran cómplices de lo que habían denunciado, y esta es la aseveración más compleja para el futuro del proyecto porque dice que «tal relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia administración pública, parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real». De ahí que envíe el auto a la Consejería de Agricultura «a los efectos administrativos oportunos».
En este sentido, con algunos expedientes sancionadores abiertos que Upa pide que sigan adelante y se ejecuten, ¿es posible hacer borrón y cuenta nueva? Asaja cree que hay que continuar con el proyecto de nueva interprofesional porque «será más democrática, más profesional y más responsable», según José María Fresneda. Asimismo, la bodega Félix Solís, la única que reaccionó minutos después de trascender el pronunciamiento del juez, subrayó en un comunicado que «reafirma el compromiso por la Denominación de Origen Valdepeñas y sus vinos» como prueban sus inversiones.
Pero la patata caliente que devuelve la Audiencia Nacional quema, especialmente si no se resuelve el gran problema de la representatividad... Otra cosa es que todos, por conveniencia o pacto de indulgencia, acuerden dejarla enfriar.