Tan empeñados están algunos asesores de Sánchez en distraer al personal con póstumas celebraciones que olvidan lo más importante: la vida y los afanes de cada día. La memoria es frágil y caprichosa, como hemos visto en las últimas comparecencias judiciales de inculpados por delitos de malversación, tráfico de influencias o prevaricación. Sin ir más lejos, al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, se le olvidó su cometido en la Diputación Provincial de Badajoz, como responsable de la Oficina de Artes Escénicas, aunque fuera generosamente retribuido por esa supuesta tarea. 
«¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas?», le preguntó la jueza. Respuesta: «es la oficina que se encarga, no sé, de las artes escénicas» Tampoco recordaba bien con quien reportaba y despachaba. Otros, y otras, se acogen al derecho a no declarar, o a contestar solo y exclusivamente las preguntas que les haga su abogado, con las respuestas bien aprendidas.
Ante este tipo de imputaciones, promovidas en muchos casos por la acción popular, en base a informaciones publicadas en la prensa no adicta al poder establecido, el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de cambiar el Código Penal. Y, cuanto antes, mejor. Hay que evitar que las personas del entorno familiar y político del presidente tengan que sentarse en el banquillo y responder ante jueces que hacen preguntas tan insidiosas como la relacionada con la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz o como la formulada por el juez Peinado, interesándose por los méritos docentes de Begoña Gómez.
La acción popular, a la que tantas veces ha recurrido el Partido Socialista en procesos judiciales que afectaban a sus adversarios políticos, ha dejado de ser ahora una herramienta democrática para perseguir los abusos y corruptelas. Es también necesario y urgente impedir que los jueces abran diligencias por noticias que publican los medios de comunicación, aunque esas informaciones estén perfectamente contrastadas. Si las leyes vigentes nos quitan la razón, se derogan y se hacen otras que nos favorezcan. Y punto, pelota.
En la agenda del Gobierno – junto a los actos póstumos sobre Franco – hay citas con la justicia que no les hacen ninguna gracia. Por ejemplo, la del día 29 de enero – si no hay imponderables que la anulen o retrasen – con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tendrá que declarar como imputado por revelación de secretos. También lo hará al día siguiente la jefa de la fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por esos mismos indicios de delito. 
El gobierno español se ha dado más prisa en proponer una reforma legal para impedir que prosperen las acciones populares que en reaccionar ante la usurpación del poder en Venezuela por un dictador que lo había perdido en las urnas. Llevan mucho más cuidado en no llamar por su nombre al dictador Nicolás Maduro que en actuar sin contemplaciones contra los contrapesos al poder que distinguen a las democracias modernas y consolidadas.
P.D.: Sorprende la inusitada rapidez con la que están afrontando ahora, tanto el gobierno como el partido de la oposición, el problema de la vivienda. Si se sumaran todas las viviendas prometidas en campaña electoral por todos los candidatos, nacionales, regionales, provinciales y locales, en los últimos 40 años, no habría terreno urbanizable suficiente para hacerlas, ni incluyendo los desiertos y solares de la España despoblada.