Cuando un proceso judicial se pone en marcha hay un tiempo en el que todo son noticias que caen con cuentagotas a medida que se conocen las diligencias judiciales, las investigaciones realizadas previamente y las que han de realizarse a continuación. El juego de recursos y apelaciones de las partes hasta que llega el momento de la apertura del juicio oral obliga a esperar y a ir tramitando las consecuencias políticas de los hechos que se conozcan y sobre los que se especula hasta que las sospechas se convierten en certezas o decaen por la debilidad de los indicios. En esta situación se encuentra el 'caso Koldo', que amenaza con llevarse por delante algunas carreras políticas, y aunque un caso de corrupción no es una sucesión de casos de corrupción, cuando se tira del rabo de una cereza que se encuentra en una cesta no se sabe lo que va a terminar saliendo de ella. En cualquier caso, empaña una estrategia basada en la lucha sin cuartel contra la corrupción.
Y lo mismo va a ocurrir con la tramitación primero y consecuencias después de la ley de amnistía, convertida en la clave del arco del comienzo de la legislatura y que se enfrenta con una oposición radical por parte de la judicatura, porque tiene un coste en cuanto a la igualdad de los españoles y la separación de poderes en la que cada uno de los tres se encarga de interferir en las competencias de los otros, sin que esté claro que sus consecuencias vayan a ser compensadas por la actitud de los independentistas beneficiados por su probable aprobación y tenga el efecto benéfico sobre la convivencia en Cataluña que es su objetivo último.
La última decisión del Tribunal Supremo de aceptar la causa de que el prófugo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea procesado por un delito de terrorismo, sino se trata de esa actitud innombrable que tanto molesta a la judicatura se le parece mucho, porque ha sido adoptada justo una semana antes de que la proposición de ley vuelva a ser votada en el Congreso, con lo que se da una situación de causa-efecto, como ya ocurrió con los autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que revivió un proceso judicial adormecido durante cuatro años y que al comenzar a hablar de que las actuaciones de Tsunami Democràtic constituían delitos de terrorismo motivó que la ley de amnistía tuviera que discriminar entre el terrorismo light y el otro.
En efecto, ahora toca esperar, en el plano político, sobre los resultados de las negociaciones entre el Gobierno y Junts ante el nuevo curso judicial del proceso contra Puigdemont y si dan por amortizadas las reacciones judiciales y finalmente existe acuerdo entre las partes, si inventan alguna treta parlamentaria para seguir negociando, o dejan caer la ley y con ello hieren la posibilidad de que la legislatura llegue a término. El plazo es el 7 de marzo.
En el plano judicial toca esperar las próximas decisiones de la magistrada Susana Polo encargada de la instrucción del proceso por terrorismo de Puigdemont, cuando lo cita a declarar y si pide el suplicatorio a un Parlamento Europeo al borde de su disolución cuando no acuda a hacerlo, o espera a su reelección. Si la ley de amnistía entra en vigor, los esfuerzos de la judicatura por torpedear su aprobación habrán resultado inútiles, aunque podrán dilatar su aplicación con recursos a las instancias europeas.