Sorprende como la señora Francina Armengol, presidenta del Congreso, tiene diferente vara de medir ante las intervenciones de los diputados. Es muy difícil entender que no indicara que se borraran del acta de la sesión, las palabras vertidas por la diputada Miriam Nogueras, portavoz de Junts, descalificando (por no decir insultando) a algunos magistrados citados con nombre y apellidos.
Está claro que el poder Judicial está siendo objeto de descalificación por algunos partidos mientras el Gobierno se pone de perfil y el Fiscal General no actúa de oficio ante acciones que dejan en evidencia a las Instituciones democráticas. Luego podrá argüirse que ha de prevalecer la libertad de expresión de diputados y senadores, pero estamos viendo que la forma en que dicha libertad se interpreta no es la misma dependiendo de quién haga uso de la misma.
Tenemos que insistir en que, en una democracia, la separación e independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es algo fundamental. El ciudadano basa su libertad en que todos debemos ser esclavos de las leyes. La ley es lo único que asegura la igualdad del ciudadano y, es por esto, por lo que debemos exigir que se respeten los contrapoderes que suponen la independencia de los órganos de un sistema democrático. La Constitución, establece en su artículo 122, que se establecerá por Ley Orgánica la composición y sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica 6/1985 y, posteriormente la 4/2013, la primera aprobada bajo Gobierno del PSOE y la segunda con Gobierno del PP, establecieron que los 20 vocales del Consejo debían ser nombrados al 50% por mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado.
El revuelo que se monta por el hecho de que no haya acuerdo entre el PSOE y el PP para llevar a cabo la renovación del Consejo, está justificado, por haber transcurrido 5 años sin que lo resuelvan. Pero me llama la atención el que no sean los presidentes del Congreso y del Senado los que llamen al orden a diputados y senadores. Que la señora. Francina Armengol no mueva ficha sin que así se lo indiquen desde Moncloa, o que el señor Pedro Rollán, presidente del Senado, lo haga sin recibir instrucciones desde la calle Génova, deja en mal lugar a la democracia española. No estaría mal que los ciudadanos viéramos que las Instituciones funcionan con independencia y se hacen valer. El artículo 570.2 de la Ley Orgánica 4/2013, dice que «si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo…». Así que los que incumplen con su obligación son los diputados y senadores que deberían elegir a los nuevos vocales del CGPJ.