En Italia se está tramitando en las Cámaras legislativas, el proyecto de ley llamado de "Autonomia differenziata" impulsado por el ministro Calderoli, del partido de Salvini, "La Lega", uno de los socios de Gobierno, con "Fratelli d´Italia", de la presidenta Meloni, y "Forza Italia", del fallecido Berlusconi. Al mismo tiempo, estas dos últimas formaciones impulsan otro proyecto, también debatiéndose en el Parlamento, para la elección directa del primer ministro (el denominado "premierato") con la finalidad aparente de poner freno a la inestabilidad gubernativa reflejada en la existencia de 68 gobiernos en 70 años. Estas dos iniciativas son fruto de las negociaciones entre los partidos del gobierno, en el que cada uno aprueba la propuesta de su socio a cambio del recíproco apoyo a la propia.
El primer proyecto se orienta a aumentar las competencias de las regiones estableciendo que  puedan solicitarlas hasta en 23 materias, algunas tan relevantes como educación o sanidad para "superar la cuestión meridional y la cuestión septentrional que arrastramos desde 1861", en palabras de Calderoli.  Para los detractores de la fórmula de la diferenciación regional, algo distinto al federalismo pues este parte de la igualdad sustancial de los entes federados y por eso el federalismo fiscal ha de ser simétrico y cooperativo,  con aquella se retomaría el sueño (las ensoñaciones a veces se materializan) de Umberto Bossi, el líder de la anteriormente llamada Lega Nord, hoy solo Lega por su esfuerzo en convertirse en una fuerza política nacional, de lograr la secesión del norte rico de Italia y su incorporación como nueva realidad independiente a la Unión Europea.
Piedra angular de este proyecto legislativo de transformación de la articulación territorial italiana es la determinación de los costes de los niveles esenciales de las prestaciones (LEP), es decir, los estándares mínimos para garantizar en todo el territorio nacional los derechos civiles y sociales tutelados por la Constitución. A juicio de los defensores del proyecto, como el reputado jurista Sabino Cassese, presidente del Comité para la definición de los LEP (Comité que, por otra parte, ha sufrido dimisiones relevantes), el proyecto presenta un equilibrio satisfactorio entre perecuación y diferenciación no solo adecuado para el Norte sino también útil para reducir la distancia entre el sur del país  y el septentrión italiano.
Una cuestión capital consiste en que esos niveles esenciales deberían ser formulados a partir de la cuantificación del gasto del Estado en cada región en el último trienio. Pues bien, los LEPs están todavía por precisar en su totalidad y no se sabe cómo serán financiados. Se contemplaba un fondo de perecuación nacional inicialmente dotado con 50.000 millones y que llegaría a 100.000 pero actualmente no hay prevista ninguna partida para ese fondo. De ahí que se advierta por las voces críticas que si no se definen los LEPs y no hay fondos para atenderlos adecuadamente, estalla la igualdad y se produciría la secesión material de las regiones más desarrolladas porque les aseguraría una mayor financiación en cuanto que tienen más recursos y un gasto histórico más elevado de modo que se acentuaría la diferencia con las regiones con una menor renta. Es significativo, por muchas razones, que en la sesión del Senado en la que se dio el primer paso hacia la eventual aprobación futura de esta reforma, la oposición de izquierda, a la que se le reprocha, no obstante, el pecado original de la reforma que impulsó en 2011, cantara el himno italiano como expresión simbólica de su preocupación por la igualdad entre todos los ciudadanos del país pues las políticas redistributivas no se refieren a los territorios sino, en realidad, a las personas.