Tres conflictos políticos, uno que puede considerarse bilateral entre el Gobierno y la Xunta de Galicia; otro de carácter autonómico, con las divergencias entre el Ejecutivo y las comunidades a cuenta de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios y de mayores, y el lío monumental por el debate sobre los tres decretos-ley aprobados por el Gobierno. Todos tienen un punto en común de contacto: una forma de entender la acción política para la que no sirven los procedimientos que se utilizan cuando el Gobierno tiene una sólida mayoría parlamentaria que le respalda, que no es el caso de la presente legislatura, en la que el Gobierno de coalición, por distintas circunstancias, tiene un apoyo muy débil, volátil, imprevisible, inestable, y sometido al chantaje y las ocurrencias de quienes se han demostrado poco fiables y desleales. Si, además está en ciernes un proceso electoral con tres convocatorias, todo entra en una ebullición en la que los escaldados serán los ciudadanos, porque se anteponen los intereses partidistas a los de quienes dicen representar.

Cuando desde el Gobierno se pronostica que esta iba a ser la legislatura del diálogo, precisamente por la composición variopinta de los apoyos parlamentarios, el propio Gobierno, urgido por las prisas vuelve a recurrir al decreto-ley para sacar adelante sus propuestas, los sitúa ante un plato de lentejas -o las tomas o las dejas- y llega a los debates finales con las propuestas cerradas pero sin los apoyos necesarios de quienes están dispuestos a hacerle pasar por las horcas caudinas para demostrarle la necesidad de que debe cambiar su forma de actuar. Con una situación de debilidad de poco sirve apelar a la urgencia, a la premura del tiempo que obligaba a tomar decisiones antes de final de año para que no decayeran las medidas de protección social establecidas, ni dejaran de llegar fondos europeos por la necesidad de trasponer directivas.

Socios del Gobierno y la oposición han hecho distintos llamamientos al diálogo antes de que se aprueben determinadas medidas, que no deja de ser una actitud a medio camino entre las buenas intenciones y el cinismo, como se ha visto en otras ocasiones. Que el diálogo entre distintas administraciones para coordinarse ante un problema es la forma preferible para tomar decisiones está fuera de toda duda; que la realidad es que quien se queja de la falta de diálogo llega a él con la decisión de no acordar ya tomada también. El enfrentamiento entre el Gobierno y la Xunta de Galicia a cuenta del vertido de pellets -en el marco de la campaña electoral autonómica- es paradigmático frente a la cooperación acordada con otras comunidades afectadas. Que comunidades autónomas del mismo signo político entren en contradicción entre sí y mantengan posiciones distintas sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas y todas ellas vayan contra el Ministerio de Sanidad -que se saltó un paso del diálogo- es una actitud poco edificante cuando está en juego la salud pública.

O derrota o humillación. Es el resumen del pleno del Congreso sobre la convalidación que ha hecho el PP y no le falta razón. Los cinco escaños de Podemos prefieren lo mejor a lo bueno y llevan su lucha con Yolanda Díaz a su máxima expresión. Al menos con Junts ya no habrá ninguna duda sobre cómo va a actuar, con deslealtad y con ocurrencias que van a poner en riesgo la estabilidad de la legislatura en todo momento.