El acceso a una vivienda se ha convertido en un grave problema. La compra o el alquiler es hoy inaccesible para una gran parte de la población. La creación neta de nuevos hogares, la llegada de inmigrantes y el deseo de los jóvenes de emanciparse, unido a la caída de la construcción de nuevas casas y la reducción de la oferta de alquiler fue la base de un reciente informe del Banco de España en el que se aseguraba que España necesitaba entre 2022 y 2025 no menos de 600.000 viviendas, aunque algunos otros estudios hablan de hasta 1,5 millones. La realidad es que no solo es difícil encontrar una casa, sino que es misión imposible para muchos poder pagarla, sobre todo en las comunidades autónomas donde más ha aumentado la población y en las zonas turísticas.

El problema lleva encima de la mesa varios años. El Gobierno de Sánchez aprobó una Ley que no abordaba las causas y por tanto las soluciones han resultado un fiasco. Incluso algunas de las medidas que contenía esa norma han empeorado la situación. La cuestión es que, en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura, Sánchez ha abordado el problema de la vivienda con promesas, promesas y más promesas. Es hasta difícil seguir la cuenta de cuántos miles y miles de viviendas se han prometido. Lo que sí está claro es que se han construido cero y que no sólo no se han resuelto las dificultades, sino que han empeorado.

Ahora, los dos grandes partidos se han lanzado a una pelea por ver quién da más. Como tantas veces presentan soluciones, unas más válidas que otras. Lo que nadie que conozca el sector discute es que mientras no haya seguridad jurídica, suelo para construir, se acorten los plazos para licencias y permisos y se acabe con la apabullante regulación, las cosas no mejorarán. Ha quedado suficientemente demostrado en Cataluña, por ejemplo, que intervenir el mercado no baja los precios, no aumenta la oferta y que incluso los grandes tenedores huirán despavoridos, poniendo a la venta centenares de viviendas cuando acaben los contratos de arrendamiento.