El miedo y la incertidumbre precedieron al dolor y la indignación en medio del caos que invadió a la Comunidad Valenciana en la terrible riada del pasado 29 de octubre. Hoy se cumplen seis meses de la letal dana que se cobró 228 vidas, y mientras la recuperación avanza poco a poco, la causa judicial lo hace con rapidez para determinar responsabilidades en la gestión de esta tragedia.
Las inundaciones tras unas lluvias torrenciales que desbordaron ríos y barrancos dejaron oficialmente 228 personas fallecidas, entre los que se encuentran tres desaparecidos a quienes se sigue buscando. De la magnitud de la tragedia cuyas imágenes recorrieron el mundo dan muestra datos como las 306.000 personas que sufrieron una afección severa, más de 11.000 viviendas dañadas, los 141.000 vehículos destruidos o las 64.000 empresas afectadas en un área de 552 kilómetros cuadrados. También en Castilla-La Mancha hubo siete víctimas mortales y una más en Andalucía por el efecto de las lluvias en el entorno.
Mientras se dan poco a poco pasos hacia la recuperación, el ámbito que más avanza es el judicial. La jueza Nuria Ruiz instruye desde diciembre la causa penal abierta sobre la gestión de la dana, centrada en los homicidios, las lesiones y «la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población». En sus autos, la magistrada ha apuntado a la «gravísima inactividad» de la Administración autonómica, que pese a tener las competencias de protección civil «fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población», de tal forma que cuando lanzó la alerta a las 20:11 horas «ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos».
Los dos investigados en la causa, la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, han declarado ya, al tiempo que la jueza ha rechazado imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que compareció como testigo.
Medio año después de la tragedia, se mantiene al frente de la Generalitat Carlos Mazón, quien el día de la dana mantuvo su agenda, se fue a comer con una periodista y llegó al Cecopi, el órgano encargado de coordinar la emergencia, a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta.
A Mazón, que remodeló su Gobierno para nombrar un vicepresidente para la Recuperación Económica y Social y un conseller de Emergencias, la oposición le pide a diario que dimita y convoque elecciones por no haber estado a la altura y ha tenido que limitar algunos actos públicos por los abucheos que ha recibido en la calle.
Mientras la izquierda intenta sin éxito que entregue el registro de llamadas telefónicas y le acusa de «destruir pruebas» por el borrado de las imágenes del Palau de la Generalitat, Vox ha negociado con el PP la tramitación de unos nuevos Presupuestos, que esperan aprobar a finales de mayo.
El enfrentamiento con el Gobierno central ha sido constante en estos seis meses, en los que el dirigente valenciano ha acusado a organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar de ocultar información el día de la dana, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo que no aporte la ayuda necesaria para la recuperación.
En este tiempo también han continuado las protestas sociales. Tras los primeros momentos de limpiar barro, enterrar a familiares y solicitar ayudas, los afectados por las inundaciones se han ido organizando en asociaciones, que además de personarse en la causa, han tomado las calles en seis ocasiones para clamar contra la gestión del president de la región, bajo el lema Mazón dimisión. La primera manifestación tuvo lugar días después de la tragedia, mientras que en torno al 29 de cada mes, miles de personas piden no olvidar lo ocurrido.