En enero de 2020, hace tan solo cuatro años, los agricultores españoles sacaron sus tractores por las calles de pueblos y ciudades para decir que estaban al límite, que no podían seguir produciendo si no se cubrían sus costes. De hecho, ese fue su lema, "Al Límite", captando la atención de la opinión pública que empatizó perfectamente con una causa tan justa como sencilla.

La mecha prendió tras una movilización en Francia de los "chalecos amarillos" en la que varios colectivos se plantaron para reclamar soluciones de rentabilidad al gobierno de Macron. Y aquel movimiento provocó un efecto contagio logrando encender el orgullo rural de quienes nos alimentan para expresar su hartazgo por una intervención normativa y burocrática que dificulta su labor. No hizo falta cortar la circulación del país para mantener en alto su relato. Una diferencia que podría marcar ahora el rumbo de estas protestas.

Entonces, con una organización muy cuidada, unidad de acción sin fisuras, marchas autorizadas y un decálogo de peticiones, rodaron hasta que el Estado de Alarma por la pandemia frenó en seco el movimiento, aunque lograron compromisos que fraguaron en una tercera reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que se tramitó en el Congreso de los Diputados para obligar a pagar los costes de producción.

Cuatro años después, los tractores han vuelto a salir como semanas antes en Europa. Habían asistido sin embargo como espectadores, esperando una señal que no llegaba de las organizaciones agrarias representativas, hasta que alguien prendió y encendió el WhatsApp; raro el productor que hoy no esté en alguno de los grupos aguardando cada noche instrucciones, a veces caóticas, no se sabe muy bien de quien, para acudir a la autovía al día siguiente.

Y así, tras una semana de impacto, acaparando las portadas de todos los informativos del país, se abren interrogantes sobre la dirección que tomarán unas reivindicaciones -por supuesto legítimas- si empiezan a fraguar los primeros compromisos.

Porque los ganaderos ya han pedido clemencia para no revivir la pesadilla de desabastecimiento de piensos de hace dos años por la huelga de los camioneros. Incluso la asociación de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) advierte del peligro de quedar atrapados en cualquier carretera.

En este sentido, hasta ahora la opinión pública ha sido complaciente y ha comprendido el relato: la PAC está cargada de burocracia, la ley de la cadena alimentaria no funciona, los acuerdos internacionales son perjudiciales para sus intereses porque hunden los precios o las importaciones no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias que las que se piden aquí. Pero, ¿cuánto puede aguantar este argumentario sin que se disipe?

El Ministerio de Seguridad Social propondrá este martes medidas para abordar la falta de mano de obra en el campo, un problema serio. Y al día siguiente, el observatorio de la Cadena Alimentaria planteará dar otra vuelta más a la redacción de la ley en una reunión con las "opas", las grandes superficies y empresas de distribución y los consumidores como testigos.

En Bruselas, el gobierno de Europa ha retirado el proyecto de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, y ha aparcado MERCOSUR para renegociar todo desde un prisma que tenga más en cuenta a la agricultura comunitaria, sobre todo cuando se hable de medioambiente.

Al final, lo que está tratando de verbalizar el productor es su sensación de desamparo. Y por eso es el momento de promover un Pacto de Estado o entre Estados miembros y apoyado por todas las fuerzas políticas para que, gobierne quien gobierne, proteja el papel estratégico y esencial de la agricultura y la ganadería a la hora de legislar. Porque el campo está diciendo que no pasa ni una más.