El bloque de investidura se formó para investir a Pedro Sánchez, pero no era un bloque de legislatura. Por mucho que los sanchistas, con el presidente a la cabeza, repitan como un mantra que les quedan más de tres años de gobierno, es difícil que se cumpla ese pronóstico.

Sánchez está echando el resto para que Illa se convierta en presidente de la Generalitat, pero parece no darse cuenta de que si lo consigue tendrá todas las papeletas para perder su propio trono; un acuerdo de gobierno con ERC provocará la retirada del apoyo que le presta Junts en el Congreso, 7 escaños que suponen mantener o perder La Moncloa. Puigdemont avisó hace tiempo que se preparase Sánchez si no le ayudaba a recuperar la presidencia de la Generalitat. Y Puigdemont, al contrario que Sánchez, cumple lo que dice.

Sánchez tiene difícil seguir gobernando. Este martes le echaron abajo la senda de estabilidad previa a la Ley de Presupuestos, que quedan mortalmente heridos. Tampoco se aprobó la ley de Extranjería que ordenaría la distribución por las distintas regiones de los inmigrantes que llegan masivamente a Canarias, fundamentalmente los menores no acompañados. No se trata de un problema de insolidaridad, sino que el PP ha puesto condiciones, entre ellos que el reparto sea equitativo, que el gobierno facilite las ayudas económicas y asistenciales necesarias… y que a Cataluña se le exija lo mismo que al resto de las comunidades.

Además de la dificultad de legislar en esta situación, la figura de Pedro Sánchez se encuentra muy deteriorada por las noticias constantes sobre los negocios de su mujer, y se advierten gestos de distanciamiento y reprobación. Sumar y PNV dudan, Puigdemont puede salir por donde menos se espera, y hay diputados que en privado confiesan su decepción ante los casos Koldo y Begoña Gómez.

Por si no fuera suficientemente preocupante, la Comisión Europea acaba de presentar un informe sobre el respeto al Estado de Derecho que deja "tocada" a España. Celebra el acuerdo sobre la renovación del CGPJ pero recuerda que incluía un nuevo modelo de elección y que Bruselas estará pendiente de que se cumpla en plazo. Cuestiona el papel del Fiscal General del Estado y denuncia las presiones de políticos y miembros del ejecutivo a los jueces. Duro alegato para un Sánchez que acusa de politización a determinados jueces.

El presidente de gobierno sigue peleando para mantenerse en el poder. Le funcionó la estrategia de todos contra la ultraderecha, pero le están fallando los socios porque su apoyo parlamentario estaba condicionado; le falla un Fiscal General que en su afán de servir a quien le nombró toma decisiones que el Supremo no está dispuesto a aceptar, y le fallan analistas políticos que le eran incondicionales y que se han alejado de un dirigente que se ha convertido en un personaje ensoberbecido que cree que con los peones colocados en centros de poder e instituciones del Estado nadie le plantaría cara.

Pues la han plantado. No está claro que pueda cumplir la legislatura.