Se ha desarrollado en el Colegio de Médicos de Toledo la jornada 'Acceso justo a los medicamentos' con el objetivo de debatir sobre un asunto que afecta tanto a países en desarrollo como a los sistemas sanitarios de los países más avanzados. La ponencia principal corrió a cargo de la doctora Soledad Cabezón Ruiz, cardióloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,  presidenta de la Asociación Acceso Justo al Medicamento y exparlamentaria europea autora del informe para mejorar el acceso a los medicamentos aprobado en 2017.

Indica que en estos años se está revisando la legislación farmacéutica que llevaba mucho sin tocar y lo considera un avance al ser una de las peticiones del informe. Sin embargo opina que todavía los cambios no llegan a hacer un sistema mucho más justo, si bien se discuten las posibilidades de reequilibrar (en especial entre las compañías y los pacientes).

España también está revisando su política farmacéutica buscando un modelo más justo para la ciudadanía y haciendo sostenible el sistema sanitario.

Por otro lado es optimista en cuanto a romper las barreras (la pobreza, no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal, el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual y patentes de los medicamentos) y recalca que el sistema actual no es el único posible, aunque tampoco tiene un largo recorrido. Por tanto cree que es posible romper el principio según el cual sin este modelo no hay investigación ni farmacéuticas.

De hecho aboga por un sistema «con el conocimiento compartido y mucho más transparente, dónde el precio de los medicamentos se aproximen a los costes», es decir, que no sea un sector especulativo.

En cuanto a España afirma que tiene un Sistema Nacional de Salud bueno y fuerte pero asegura que en los últimos años se ha resentido, desde el «varapalo de la crisis 2008 no se ha recuperado de los recortes». Por lo tanto opina que debe fortalecerse ya que es una garantía de cohesión social.

En este sentido subraya que el barómetro de salud dice que un 4% de la población española, durante los últimos 12 meses, ha renunciado a medicamentos por no tener capacidad económica para asumir el precio. Dice que qué plantearse esa falta de equidad y pregunta cómo es posible que el sistema no proteja a las personas más vulnerables.