La Gerencia de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo SA (EMV) ha elevado en su condición de medio propio del Ayuntamiento de Toledo una propuesta para que se proceda a aprobar una modificación del régimen tarifario incorporando dos nuevas modalidades. Como consecuencia la Junta de Gobierno ha aceptado ambas, siendo la primera para cubrir los costes de atender la oficina de información para las comunidades energéticas y la segunda como apoyo a los servicios técnicos municipales de Urbanismo. Según indica el expediente, responden por un lado a las actividades relacionadas con la realización de programas financiados con fondos europeos y, por otro, a las categorías profesionales existentes en la empresa.

También, esta vez a propuesta formulada por la Adjuntía de Servicios Sociales, se renueva el encargo de gestión a la EMV para el desarrollo de un programa de vivienda social que contará con una retribución anual de 65.000 euros y que se viene ejecutando de forma reiterada desde el ejercicio 2016.

Finalmente, se ha decidido mantener en vigor el  encargo de gestión a la EMV para el desarrollo del programa de planificación e intervención en el área de vivienda por el cual el Ayuntamiento pagará a su empresa 66.104 euros  (de igual manera lleva repitiéndose desde 2016).

Para todos estos casos, la EMV ha elaborado un documento que contiene el régimen tarifario de conformidad con el análisis de costes de la empresa con la intención de valorar el conjunto de actividades que puede desempeñar y a fin de tener un conocimiento detallado de sus costes y poder de este modo programar presupuestariamente el desarrollo de las actuaciones que vengan recogidas en los programas de servicios prestados a la Corporación Local mediante encargos de gestión como medio propio personificado.

El Ayuntamiento realiza la encomienda al considerar esta modalidad de gestión como una opción económicamente más ventajosa que la licitación pública.

La compensación económica que recibe la EMV se establece por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública atendiendo al coste efectivo soportado, incluyendo aquellas actividades que se subcontraten con empresarios particulares cuando este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas.