Los proyectos urbanísticos suelen exigir largos expedientes administrativos, pero algunos se complican más de la cuenta, como le ha ocurrido al Plan de Actuación Ubanizadora (PAU) 'Montecigarrales', que lleva prácticamente cuatro largos años intentando cumplir los trámites para desarrollar una amplia parcela situada en La Legua y dar continuidad urbana al residencial 'La Dehesa'.

El proyecto volvió al foco hace menos de un mes, durante la última comisión de Planeamiento. 'Montecigarrales' se incluyó en el orden del día, como trámite previo a su paso por el Pleno de camino al periodo de exposición pública que comenzará esta semana. El PAU ha tenido que readaptar casi por completo su ordenación tras un informe que emitió hace unos meses Medio Ambiente exigiendo otra reparcelación para proteger la zona de vegetación natural en muy buenas condiciones y evitar perjuicios relativos con la fauna, ya que también es  una zona de alimentación de las rapaces. 

En este caso, lo llamativo es que la administración regional se haya pronunciado tan tarde en este expediente administrativo cuando sus informes suelen plantearse en pasos previos y no una vez aprobado el PAU y en pleno proyecto de urbanización.

Vistahermosa, promotora del proyecto, presentó en el Ayuntamiento una primera propuesta, aprobada en 2018, meses después de la anulación definitiva del Plan de Ordenación Municipal (POM) en lo tribunales, en la que se planteaba la construcción de 196 viviendas unifamiliares, en parcelas de entre 300 y 500 metros cuadrados, en un terreno con una superficie de 174.857 metros cuadrados, dividido en cuatro parcelas con distintas condiciones de edificación. En este caso, también ha sido necesario retocar estos condicionantes para unificar la edificabilidad.

En principio, se buscaba ofrecer una oferta inmobiliaria distinta por la escasez de chalés en la ciudad y un aprovechamiento más racional del suelo respetando la compleja orografía de estas cuatro parcelas, añadiendo la cesión de dos parcelas al Ayuntamiento, una dotacional y otra zona verde,  a pesar de no era obligatorio por ley.

La aprobación de este PAU, que ahora ha sido necesario retocar, no estuvo exenta de críticas políticas en 2021. Izquierda Unida dejó claro que con este tipo de iniciativas se aumenta la dispersión en la ciudad, se encarecen los servicios públicos al crear un nuevo barrio y cuestionó el hecho de que no se hubiera elaborado un informe de necesidad de vivienda previo teniendo en cuenta que la ciudad mantiene más de 3.000 viviendas vacías. También Vox mostró sus discrepancias en aquellos momentos aludiendo que el Ayuntamiento estaba empeñado en seguir creando «segundos y terceros  toledos en Toledo».

Sin embargo, a lo largo de estos años de tramitación del PAU ha ido modificándose el proyecto y la promotora ha terminado descartando su modelo basado en unifamiliares y en la actualidad plantea la construcción de 196 viviendas en altura. Por tanto, se condensa la edificación y se modifica prácticamente todo el PAU para ajustarse a criterios medioambientales. 

Por tanto, la promotora tuvo que presentar de nuevo la documentación, reconsiderando la ordenación de este conjunto de parcelas de la unidad urbanística  29 al quedar afectada la flora y la fauna. En concreto, Medio Ambiente  plantea preservar las áreas de matorrales, fundamentales también para la población de conejos y de aves rapaces.

Asimismo, en la pasada comisión de Planeamiento se explicó a los grupos municipales la necesidad de que el promotor resuelva también establezca las medidas oportunas en relación a las canalizaciones de escorrentías para evitar posibles inundaciones en los terrenos. El Ayuntamiento respaldó el proyecto modificado en esa comisión y los trámites apuntan ya al periodo de información pública, que está previsto para esta semana.

Convenio. El desarrollo de esta unidad urbanística de La Legua parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Toledo y Vistahermosa firmado en 2021. La administración optó por este plan de actuación urbanizadora y el anterior equipo de Gobierno municipal decidió adjudicar su gestión indirecta a esta conocida empresa constructora, que a su vez es la propietaria de los terrenos.

En este documento se estableció que las obras de urbanización, con un coste aproximado de cinco millones de euros, se llevarían a cabo en tres fases y se incluyó un plazo máximo de sesenta meses. Además, en su momento también se autorizó la realización de obras de urbanización y de edificación simultáneas y se dejó por escrito que este desarrollo urbanístico no obliga a destinar el 10% al Ayuntamiento de parte del aprovechamiento lucrativo al tratarse de suelo urbano consolidado.