En los últimos días del año 2023 el Sindicato de Policías Locales (SPL) ya avisaba mediante un comunicado de que no se estaban cumpliendo las condiciones acordadas en el II Plan de Modernización de la Policía Local, principalmente por la medida que contempla un abono de 2.400 euros a cada agente como 'complemento individual de productividad por conectividad digital, localización y disponibilidad'. De hecho, en esa primera muestra de disconformidad pública, el sindicato anunciaba que habría movilizaciones si el Ayuntamiento no cambiaba su posición.
La primera de ellas podría llegar este mismo viernes, con la cabalgata de los Reyes Magos. Esto es así porque el SPL ha pedido a la plantilla toledana que se niegue a aceptar el refuerzo de este evento, así como de cualquier otro demandado en estas fechas, como postura de rechazo «y para pasar tiempo con nuestras familias, ya que hemos perdido otros este año que no nos han pagado», señala Antonio González, delegado sindical en Castilla-La Mancha.
La ausencia del refuerzo en la cabalgata de los Reyes Magos no será la única de las iniciativas que llevará a cabo la Policía Local de Toledo, porque también han señalado que presentarán alegaciones a los presupuestos municipales para el curso 2024.
Antonio González opina que el incumplimiento de este acuerdo se debe a la «mala voluntad» de los dirigentes políticos, porque cree que no tiene otra explicación al estar todo firmado y avalado jurídicamente desde hace meses. De hecho, desde el sindicato apuntan directamente a la responsabilidad del alcalde Carlos Velázquez, porque argumentan que «tenía todo hecho y sólo tenía que pagarlo», además de señalar que otras partes del Gobierno local le han transmitido que Velázquez no sabía nada al respecto, pero «tampoco ha hecho por enterarse y por escucharnos». De igual modo, González recrimina la falta de atención por parte de Iñaki Jiménez, el concejal de personal laboral, «que no nos conoce siquiera como colectivo».
Con quien sí han mantenido contactos desde el sindicato es con Inés Cañizares, la edil de Seguridad Ciudadana. Al respecto, desde el SPL informan de que sus explicaciones se basan en la postura del interventor municipal, quien dice «no ver» el acuerdo porque no aclara que la retribución esté sujeta a un trabajo real, es decir, que al tratarse de guardias localizadas no tiene garantías suficientes de que los agentes las hayan realizado.
Antonio González no tolera dicho argumento y señala que, en primer lugar, en la documentación del acuerdo queda «totalmente claro» que el complemento salarial no sólo se corresponde con la efectividad de las guardias sino con la conectividad digital de los agentes, es decir, «estar conectado esperando una posible llamada para acudir a tu puesto de trabajo en tan sólo 15 minutos sin poder hacer un plan con tu familia, ni poder abandonar el municipio por dichos motivos». En segundo lugar, el representante sindical señala que está totalmente justificada y garantizada la efectividad de estas guardias, al aparecer los agentes en los respectivos cuadrantes, así como al haber registrado la conectividad de su teléfono.
Además, el delegado sindical cree que los argumentos de Inés Cañizares «no se corresponden con la verdad», ya que, a su juicio, lo que hacen es «demostrar su ineficacia como responsable». El complemento salarial se corresponde con la retribución de 2.400 euros anuales por agente a cambio de prestar 10 guardias localizadas, en las que deben estar disponibles las 24 horas del día.
Sobre la «opinión de un funcionario» al que ahora no le gusta el acuerdo -en referencia al interventor municipal-, Antonio González recalca que a ellos tampoco les gustaba hacer las guardias en su tiempo libre, pero han cumplido y las han trabajado. Por todo esto, el delegado sindical pide una mayor implicación al alcalde y a los ediles, recordando que «en la anterior corporación los concejales lucharon codo con codo con nosotros para lograr las mejores condiciones del acuerdo».