El Tribunal Supremo (TS) estudiará si anula la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero, un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberarán ese día sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.

La APIF defiende que García Ortiz "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según indicó en febrero de 2024 en una nota de prensa, recogida por Europa Press.

La asociación menciona la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora en el cargo. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió "privar" al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.

Hace además hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para la APIF, "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento".

La APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que "no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo". Y apunta que coincide con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerándolo no idóneo para el cargo.