El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, recibe este año uno de los Reconocimientos especiales a la Iniciativa Social que concede la Junta de Comunidades.

¿Qué supone para usted este reconocimiento a la Iniciativa Social?

La primera sensación es de gratitud al Gobierno regional y en particular a su presidente, Emiliano García-Page, y a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, por esta distinción a la que ciertamente los fiscales no estamos acostumbrados.  Lo recibo además con un sentimiento de orgullo, por mi ya larga trayectoria de más de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal en Castilla-La Mancha, y porque supone para el futuro una luz, una guía para seguir en la misma línea de trabajo en defensa de los más desfavorecidos y de aquellos que necesitan del respaldo o la presencia de los fiscales.

La consejera de Bienestar Social destacó su labor en áreas de infancia, familia, menores o extranjería, ¿en qué se traduce esa implicación?

En los más de 40 años de servicio como fiscal son las áreas en las que he trabajado como especialista: como fiscal de menores entre 1987 y 1997, tras la reforma del Código Civil que atribuyó a la Junta de Comunidades, abriendo camino. Posteriormente, haciéndome cargo del Juzgado número 6 que era el competente en materia de Familia en Albacete capital. Más tarde como primer fiscal adscrito al Juzgado exclusivo contra la Violencia sobre la Mujer tras su creación en Albacete, tras lo cual fui nombrado delegado de Extranjería, cargo que desempeñé hasta mi nombramiento como fiscal jefe provincial en 2008.

¿Cuáles son los principales desafíos y líneas a seguir, a su juicio, para evitar la exclusión social de determinados colectivos?

Existen en nuestra sociedad muchos colectivos desfavorecidos en todos los ámbitos y, conforme al artículo 124 de la Constitución al Fiscal, le corresponde promover la acción de la justicia, defender los derechos de los ciudadanos y procurar la satisfacción del interés social. En esa labor nos encontramos con muchas personas y grupos desfavorecidos, mujeres, niños y niñas, que padecen la violencia de género; inmigrantes, núcleo proclive a todo tipo de abusos y desigualdades; las víctimas de los hechos delictivos, muchas veces desamparadas ante un sistema hostil y excesivamente lento; los menores, en especial aquellos que están desamparados y cuyos intereses es preciso salvaguardar; las personas de la tercera edad, particularmente las que residen en residencias; las personas necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica; trabajadores y trabajadoras víctimas de la siniestralidad laboral y por desgracia un largo etcétera, respecto de todos ellos su primer defensor debe ser el fiscal. El trabajo como puede adivinarse es muy amplio y difícil, y ahí estamos, cumpliendo nuestra responsabilidad y procurando que los demás cumplan las suyas.

En ese sentido ¿sería preciso advertir de los riesgos que suponen las nuevas tecnologías para los jóvenes?

Desde luego. He dedicado mi vida profesional a luchar contra el cibercrimen. En 2007, junto a otros 11 compañeros, formamos el Servicio de Criminalidad Informática antecedente de lo que hoy es en la Fiscalía General la Red contra la delincuencia informática de la que forman parte casi 150 fiscales en toda España. Las nuevas tecnologías suponen en muchos aspectos un gran avance, pero arrastran un enorme peligro para los usuarios, casi diría desde la niñez, y no somos conscientes de ello.

      Casi uno de cada cuatro delitos se cometen en internet y los menores tienen un elevado conjunto de riesgos en sus actividades en la red, en especial como víctimas de graves delitos, tales como el acoso escolar, el ciberacoso, la acción de depredadores sexuales, el acceso a contenidos inadecuados y delictivos (pornografía infantil y de adultos, promoción del suicidio y las autolesiones, fomento de la anorexia y la bulimia), el uso indebido y cada vez a más corta edad de los móviles y su presencia en las redes sociales, algunas de ellas muy peligrosas, como Instagram o Tik Tok .  

      Se habla recientemente de un pacto de Estado en defensa de la juventud y la infancia en la red, del control de acceso a la pornografía, así como de la limitación del uso de móviles en los centros de enseñanza. La Fiscalía General ha escogido este año como punto de estudio específico de las Memorias Anuales el tema Menores y redes sociales, donde daremos nuestra visión sobre estas cuestiones.

¿Cree que la ciudadanía reconoce y confía en la labor desarrollada por la Administración de Justicia?

Lamentablemente creo que no. La ciudadanía desconfía de una Administración de justicia muy lenta y poco eficaz. He dicho muchas veces que una justicia lenta no es justicia: estamos en tiempos de respuesta en ocasiones de más de 10 años y en un índice de suspensiones de juicios del 52%. Los ciudadanos ven con desconfianza esta situación y es necesario trabajar para mejorar. Las togas son nuestros uniformes de trabajo y nunca debemos olvidar que la justicia emana del pueblo y que trabajamos al servicio de los ciudadanos, la Administración de Justicia debe estar al servicio de todos.

¿Cómo podría lograrse una mayor conexión con la ciudadanía desde su ámbito de actuación?

En Castilla-La Mancha seguimos los criterios de la Fiscalía General del Estado, muy preocupada por todos los temas que acabamos de tratar, debemos ser cercanos y accesibles, estamos abiertos a recibir las inquietudes de la ciudadanía y tratamos de ser eficaces en nuestra función de abrirnos a la sociedad para la que trabajamos y de trabajar, dentro de nuestras competencias, para tutelar los derechos de todos y todas los que se encuentren en una situación que requiera nuestra presencia y actuación.