El mismo día que la Mesa del Congreso formalizaba, a petición del PSOE, la prórroga de 15 días para acordar un nuevo texto de la ley de amnistía, que debería estar listo el 7 de marzo con el fin de ser debatido y votado nuevamente en el pleno de la Cámara Baja, en Cataluña Junts apoyaba una Iniciativa Legislativa Popular que demanda al Parlament la declaración unilateral de independencia. Los de Puigdemont, que continúan con su particular política de coacción y chantaje, tienen muy claro cuál es su objetivo final. Pese a que Sánchez niegue por activa y por pasiva ese camino y justifique las cesiones al independentismo con la normalización de las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma, Junts daba ayer un paso más tras conceder su plácet para que la Cámara catalana tramitara el proyecto de ley en plena negociación de la amnistía con el PSOE. Mientras, ERC, la otra pata de la ecuación, decidía abstenerse y no echar más leña a una hoguera que desde Waterloo no dejan de avivar constantemente.

Esta controvertida proposición de ley defiende que la decisión de declarar la independencia le corresponde al "pueblo de Cataluña", como titular de la soberanía nacional, y al Parlament como representante suyo «democráticamente elegido», facultando al Govern a negociar el reconocimiento internacional de la declaración de independencia. Junts vuelve al punto de partida del procés e insiste en una vía unilateral que derivó en la aplicación del artículo 155 y desencadenó en una de las mayores crisis institucionales de la historia de la España democrática. La iniciativa, que trae de nuevo los fantasmas del pasado, tiene poco recorrido, ya que con la simple abstención de ERC en el pleno la bloquearía, pero es un claro aviso a navegantes, sobre todo a aquellos que desde el Gobierno continúan mirando hacia otro lado. Las intenciones de Puigdemont no han variado ni un milímetro y, una vez se consiga amnistiar a todos los implicados en el proceso secesionista, volverá a tratar de poner en marcha la maquinaria para impulsar una consulta inconstitucional que atenta contra los principios básicos de nuestro Estado de Derecho.

La cuenta atrás ha comenzado de nuevo. El PSOE tiene de plazo hasta principios de marzo para alcanzar un acuerdo con Junts y desbloquear la tramitación de la ley de amnistía. Otro rechazo pondría punto final a la legislatura, porque ya no habrá más ampliaciones para impulsar una norma que, lejos de servir para alcanzar la concordia y la paz social, se ha ido confeccionando a medida de los separatistas con la finalidad de concederles aún mayor autonomía y de que Sánchez, que está jugando con fuego, se mantenga en el poder.