Los estudiantes tendrán que cotizar por sus prácticas. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha trasladado a las comunidades autónomas que la modificación de la Ley de Seguridad Social que establece esta obligación entrará en vigor el 1 de enero, a pesar de que varias regiones habían solicitado su retirada o aplazamiento al siguiente curso debido a las numerosas dificultades administrativas y de gestión que supone su puesta en marcha. 

Castilla-La Mancha no ha puesto reparos a este cambio legislativo. Pese a la intraquilidad que hay por esta cuestión, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, aseguró que «tenemos los deberes muy bien hechos» y recordó que a las empresas «no les va a costar ni un euro la cotización, ni un solo minuto de gestión». 

«Digo esta cuestión con claridad porque en otros territorios vemos el desconcierto que se está lanzando porque las empresas van a tener que hacer gestiones o anticipar gastos, pero eso no es así», declaró Pastor después de asistir a la entrega del Sello de Calidad 2023 en el Edificio de Envases de Cartón de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo.

El titular regional de Educación explicó que los gastos por dar de alta a los estudiantes en la Seguridad Social están bonificados al 100%. En concreto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social bonificará el 95% del gasto y el de Educación, Formación Profesional y Deportes el otro 5%. Por tanto, subrayó Pastor, «los costes de alta de la Seguridad Social están totalmente cubiertos», que añadió que las empresas tampoco tendrán que realizar ninguna gestión adicional porque eso «recaerá en la Consejería».

Para el consejero, en resumidas cuentas, es una oportunidad porque «se garantizan los derechos de cotización al alumnado que va a estar en fase de prácticas», incrementando el número de días cotizados, pero «sobre todo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a las empresas de Castilla-La Mancha, aunque hasta ahora no nos transmitido ninguna inquietud». 

Recordó, en este punto, que el Gobierno regional se ha encargado de que el tejido empresarial castellano-manchego no tuvieses dudas ni inquietudes al respecto y, para ello, ha mantenido una línea de diálogo permamente tanto con la patronal como en la Mesa de Diálogo Social, con el ánimo de dejar claro «que no tendrán ninguna gestión en este asunto ni tendrán que asumir ningún coste».