El grupo municipal de Izquierda Unida–Podemos en el Ayuntamiento de Toledo mostraba ayer su «alegría y satisfacción» por la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la que se avala que deben ser las comunidades de vecinos las que puedan poner freno al negocio de las viviendas de uso turístico y dejen de ser así un factor de presión que se ejerce en las ciudades en materia de tensionar los precios de determinadas zonas, porque «el negocio de las viviendas turísticas es más rentable que la vivienda estable», o donde el número de visitantes ya son una competencia en la convivencia vecinal.

A juicio de este grupo municipal, los pleitos ganados por comunidades vecinales de ciudades como Donosti u Oviedo han terminado dando la razón a otras comunidades de vecinos que denunciaron frente a las empresas que querían explotar esos pisos turísticos, ya que desde 2019, recuerdan los jueces, que los propietarios pueden limitar o condicionar el ejercicio de la actividad que se lleva a cabo en las viviendas, también en materia económica.

En el caso de la ciudad de Toledo está pendiente la tramitación completa de la Modificación Puntual 32, pensada para encargarse de regular las viviendas y los apartamentos turísticos en Toledo. 

En el borrador, que aún no está en vigor, la Zona 1 abarca el interior de las murallas del Casco Histórico de Toledo y la Zona 2 el resto de la ciudad. En la Zona 1 se establece un máximo del 20 por ciento para destinarlo a este modelo de desarrollo económico, mientras que en la Zona 2 no se ponen límites al número de viviendas o apartamentos de uso turístico. «Fuera de las murallas no habrá norma que regule ni el número ni el lugar donde pueden instalarse estos negocios», ha comentado el portavoz del grupo Txema Fernandez.

«Esta sentencia es una salida a la presión que ejerce ya el turismo en Toledo en la que las comunidades de vecinos serán actores principales en la implantación de estos negocios en sus edificios», ha comentado Txema Fernández, concejal de IU-Podemos, quien apunta que esta sentencia se tiene que convertir en el instrumento que garantice un modelo eficaz de convivencia real y efectiva.

Por último, Fernández anima a las comunidades de propietarios de Toledo, sobre todo de la denominada Zona 2, «a que se conviertan en actores principales en la política turística de la ciudad y cambien sus estatutos para incluir la imposibilidad de que se ejerzan actividades económicas en espacios comunitarios», ha finalizado.