IU reprocha el «descontrol» en la gestión del PDM de Toledo

La Tribuna
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Txema Fernández advierte que a menos de dos meses de que se inicien las actividades de la nueva temporada aún no se sabe quién se encargará de la impartición de las actividades ni la programación definitiva

Txema Fernández es concejal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. - Foto: La Tribuna

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo se muestra preocupado por el «descontrol y falta de certezas» que se están dando en la gestión del Patronato Deportivo Municipal (PDM) ante el inminente inicio de la temporada deportiva en la ciudad cuya programación y empresa encargada del servicio debería estar plenamente disponible en septiembre.

«Aún no se sabe quién se encargará de la impartición de las 73.601,20 horas deportivas en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, más la posibilidad de dos prórrogas hasta el año 2028, ya que todavía no se ha tratado en el Consejo Rector ni la programación definitiva deportiva, ni la resolución de la adjudicación del contrato de desarrollo e impartición del programa de actividades deportivas del PDM», advierte Fernández.

El portavoz de IU acusa de generar estas dudas al gobierno del Patronato, «ya que no se ha planteado en ningún momento recuperar la gestión directa de la actividad que desarrollan las monitoras y monitores deportivos por parte del Ayuntamiento, procurando así condiciones dignas en sus puestos de trabajo».

Por el contrario, Fernández critica que se vaya a adjudicar este servicio a una empresa privada mediante un contrato cuyo pliego de condiciones precariza las condiciones salariales y laborales de la plantilla, empeora las políticas de conciliación y de coordinación de la actividad y establece un régimen sancionador muy laxo, entre otras deficiencias.

«Seguimos presentando una ciudad volcada en el deporte que olvida que el primer escalón debería ser el que organiza el Patronato Deportivo Municipal, pero precarizando los puestos de trabajo de quienes lo ejecutan, se precariza la calidad de esa prestación. Esta es una mala seña de identidad para una ciudad que en 2025 será un referente en el país en materia deportiva», advierte.

El pliego, que en estos momentos está en estado de evaluación, detalla Fernández, vuelve a priorizar la oferta más barata (70 de los 100 puntos) frente a la prestación óptima del servicio (30 puntos sobre 100). «Así se consigue que las empresas pugnen por la mejor oferta económica, no por la mejor manera de gestionar las 73.000 horas deportivas», critica Fernández.

En cuanto al aspecto salarial, el concejal de IU denuncia que el pliego elimina el suelo salarial, una medida que sí contemplaba -la suma de los conceptos salariales no podía ser inferior a 14 euros- el anterior pliego paralizado en septiembre de 2023 después de que PP y Vox accedieran a las intenciones de la Asociación Española de Empresarios de Servicios a la Administración Pública.

«Esto, unido a que se adjudicará a la oferta más barata, puede hacer caer los salarios de las monitoras y monitores deportivos por debajo de esa cantidad, lo que haría que las nóminas fueran indecentes para el Ayuntamiento de la capital de la región y que se será capital del deporte en 2025», reprocha.

Pero es que, además, subraya el concejal que esta capitalidad del deporte la estrenaremos con unos salarios indignos para un personal muy cualificado. «Y es que se ha extendido en la administración contratar al personal con una categoría muy baja, para pagar menos salario, pero manteniendo unas funciones de personal cualificado», lamenta.

En cuanto a las políticas de conciliación familiar y laboral, Fernández recrimina que el pliego premie las ofertas en las que la plantilla tenga que estar a plena disposición con 15 minutos de respuesta, haciendo así incompatible cualquier política de conciliación.

Por último, califica de «muy laxo» el régimen sancionador ya que la penalidad por no pagar las nóminas en tiempo a la plantilla se fija en «una ridícula sanción de 1.000 euros» y solo en caso de que ese retraso o impago sea tres veces, la sanción ascendería a 3.000 euros, «cantidad que en absoluto es disuasoria para una empresa que tiene que acreditar un volumen de negocio de 2,5 millones al año», observa Fernández.