La reforma del sistema de pensiones en España, acometida por el Gobierno entre 2021 y 2023, supondrá un mayor incremento de los gastos que el crecimiento esperado de los ingresos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recoge el planteamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al advertir de un aumento del déficit de 1,1 puntos porcentuales para 2050.

En su informe 'Las pensiones de un vistazo 2023', en el que examina los cambios introducidos en los sistemas de los 38 países de la OCDE, el 'think tank' de las economías más avanzadas apunta que la última reforma española tiene como objetivo reducir los futuros déficits de pensiones mediante el aumento de ingresos adicionales, mejorado al mismo tiempo la protección de los pensionados de bajos ingresos y de las personas con carreras irregulares.

En este sentido, destaca que la reforma española se basa en contribuciones más altas, en particular de las personas con mayores ingresos, que sólo se compensan en pequeña medida con el aumento de sus pensiones, que se utilizarán para mejorar las finanzas de las pensiones y construir el fondo de reserva.

En total, recogiendo los cálculos de la AIReF, se estima que estas medidas, junto con una reforma de las cotizaciones de los autónomos, generarán ingresos anuales del 1,3% del PIB en 2050, añadiendo que, dada la previsión de un rápido aumento de los gastos en pensiones hasta 2049, el fuerte aumento de la base máxima de cotización, combinado con un aumento limitado de la pensión máxima, ayudará a financiar el aumento de los gastos.

Sin embargo, la OCDE advierte de que los ingresos adicionales "sólo cubren parcialmente los crecientes gastos derivados principalmente de la reintroducción de la indexación", ya que se prevé que los gastos anuales aumenten un 2,4% del PIB, "lo que se traducirá en un aumento previsto del déficit del 1,1% del PIB en 2050".

Por otro lado, señala que, en cuanto a la ampliación del período de cotización de referencia para calcular las pensiones, que fue una demanda clave de la Comisión Europea, "en lugar de introducir un cambio significativo en este ámbito", España optó por una pequeña extensión y un largo período de transición con impactos "poco claros".

De tal modo, desde 2022, el período de cotización de referencia son los últimos 25 años, que se incrementó respecto de los últimos 15 años en 2013. Con la reforma, estos pasarán a ser los mejores 27 de los últimos 29 años de carrera para las personas que se jubilan a partir de 2044.

Hasta entonces, la OCDE recuerda que las personas pueden elegir el más beneficioso de los dos métodos de cálculo, "lo que significa que hasta 2044 este cambio sólo puede aumentar los beneficios y los gastos".

En cualquier caso, la organización con sede en París señala que España seguirá siendo uno de los pocos países de la OCDE que no utiliza el conjunto de la vida laboral de los ciudadanos para calcular las pensiones.

Entre los 38 países miembros de la OCDE, en la actualidad únicamente Colombia (10 años), Eslovenia (24), Costa Rica (20 actualmente que pasarán a 25), Francia (25), España (25 a 27), Estados Unidos (35) y Portugal (40) no computan toda la carrera laboral.