Cuando son tres cerditos, como los del cuento, a todos nos caen simpáticos y el malo es el lobo. Pero cuando son 2.000 cerdos, nadie quiere tener una explotación porcina al lado de su pueblo. En Castilla-La Mancha desde 2022 hay una moratoria que impedía autorizar nuevas macrogranjas dada la alarma que estaba generando su proliferación en algunas zonas rurales de la región. Esa moratoria termina a finales de este año y el Gobierno regional ha preparado una nueva normativa para controlar qué se hace con los purines de los cerdos, que es la parte más contaminante y molesta del negocio.
El borrador del decreto está ahora en información pública. «Nos gustaría tenerlo antes del 31 de diciembre», explica a La Tribuna el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia. «Aquí no se trata de estigmatizar al sector del porcino, se trata de que una actividad económica importante en Castilla-La Mancha pueda seguir ejerciéndose y pueda ser un pilar de la economía, pero con unas regulaciones y con unas prescripciones que hay que cumplir», añade.
Entre las novedades del decreto se prohíbe que la «aplicación directa de purín para la valorización agronómica de los mismos, sin haber sido sometidos a un tratamiento previo». Es decir, que no se pueden infiltrar en el suelo sin haber sido antes tratados. Entre esos tratamientos que se pueden hacer figura el que permite producir biogás. Otra de las prohibiciones que añade la Junta es que se pueda hacer esa valorización agronómica de purines generados en explotaciones ganaderas ubicadas fuera del territorio de Castilla-La Mancha. Es decir, que no se pueden infiltrar aquí purines que vengan de otras regiones.
Prohibido de julio a agosto. Villarrubia apunta que también se prohíbe hacer estas prácticas con los purines en los dos meses del año que hace más calor, julio y agosto. «Es un período de excepción», explica, «son los meses en los que más evaporación se produce y el elemento que producen esos malos olores, que es el amoniaco, se nota más». Si en Castilla-La Mancha ya se había recogido una distancia mínima de dos kilómetros de distancia entre una explotación porcina de estas magnitudes y una población, el decreto incide en que los estercoleros deben mantener también esa distancia con el suelo urbano o urbanizable residencial
Asimismo se regula con más exhaustividad las condiciones en las que se tienen que hacer estos tratamientos de purines. Villarrubia argumenta que se trata de que sea realicen en las «instalaciones adecuadas, bien cerradas, con balsas cubiertas y especificaciones técnicas determinadas».
Ahora bien, todas estas mejoras que hay que implantar no se tendrán que poner en marcha de la noche a la mañana. El borrador del decreto de la Junta da un plazo máximo de diez años a las explotaciones y empresas gestoras de estiércoles para adaptarse a los nuevos requisitos sobre sistemas de almacenamiento de purines (balsas, depósitos, estercoleros u otros).
Ayudas para adaptarse. Villarrubia garantiza que además «se establecerán líneas de ayuda por parte de la Junta para que pudiera ser menos costosa esa adecuación al ganadero». Lo promete el director general de Calidad Ambiental y así figura también en el decreto. En concreto, se recoge en una disposición adicional única que la «Consejería con competencias en Agricultura y Ganadería pondrá a disposición del sector, las líneas de ayudas necesarias para financiar la adecuación de las explotaciones porcinas a este decreto».
El período de información pública termina este 21 de noviembre. «Lo que pretendemos es solucionar el problema que se creó con este tipo de proyectos de granjas de porcino, que hizo que determinados movimientos sociales mostraran su rechazo porque producían molestias en las zonas y localidades donde se ubicaban», esgrime el director general.