La militancia de ERC avaló con un estrecho margen (53% de apoyos frente al 44,8% de votos en contra) la investidura de Salvador Illa a cambio de la soberanía fiscal para Cataluña. Una salida del régimen común de difícil factura y de peor encaje constitucional. Un movimiento con el que los republicanos catalanes, que cotizan a la baja en las urnas, justifican su apoyo al socialista y tratan de mitigar el daño que supondría una repetición electoral. Con independencia de los resultados de la consulta y de que cerca de 8.500 militantes de ERC tengan capacidad de condicionar la relación entre una comunidad autónoma y el resto de país, pasando por encima del resto de territorios, la votación corona una semana que ha expuesto la voracidad de Sánchez que, en su huida hacia adelante, sigue empeñado en comprometer el futuro de su propio partido para continuar en la Moncloa. Porque si alguien pierde en esta consulta, pese al logro de Illa, es el Partido Socialista. Por mucho que Pedro Sánchez ponga el foco y señale de forma exclusiva a Page, los niveles de tolerancia del PSOE en los diferentes territorios ante sus escarceos unilaterales han superado los límites. El último en trasladar su oposición al concierto catalán fue, ayer, el presidente de Asturias. Voz autorizada como uno de los pocos bastiones del socialismo, Adrián Barbón rechazó de plano una financiación singular para Cataluña y demandó a Sánchez que abra el debate al resto de comunidades, sin descartar los tribunales. Una rebelión que tal vez llega tarde pero que fija unos contrapesos necesarios dentro del propio partido. Sánchez sale debilitado por la creciente/incipiente contestación interna.

La investidura de Salvador Illa, si las juventudes de ERC no la abortan, tendrá sus consecuencias. Ocupado con Cataluña y sus privilegios fiscales, parece obviar Sánchez que a la vuelta de la esquina se va a encontrar con una legislatura de vuelo corto en el Congreso a merced de Junts, que vive su particular agravio. La unión de fuerzas la semana pasada de sus siete diputados con PP y Vox en contra de los objetivos de déficit del Gobierno fue solo un aviso de un Puigdemont que aspiraba a liderar la Generalitat y a coser al independentismo en torno a su figura.

Más allá de sus respuestas vagas, su dosis de victimismo y ataques a la oposición, Pedro Sánchez, superada la consulta de ERC, debe dar explicaciones a la ciudadanía en torno a un acuerdo que cercena la solidaridad territorial. La financiación autonómica es una de esas cuestiones espinosas difícil de abordar por los diferentes intereses en juego, la creciente polarización y la falta de madurez política, pero cualquier atisbo de reforma ha de afrontarse desde el consenso y no desde una relación bilateral con cesiones a un territorio a cambio de una investidura. Un suerte de cortoplacismo que no tardará en pasar factura a Sánchez y por extensión al Partido Socialista