La subida de impuestos y tasas municipales ha levantado una amplia reacción en contra en Pepino. Vecinos del pueblo y de las urbanizaciones, así como de las empresas asentadas en los dos polígonos industriales de la localidad se están movilizando para presionar al Ayuntamiento intentando que dé marcha atrás a una contundente revisión general de impuestos y tasas que ha sido muy mal acogida en la localidad.

Desde que el pasado 22 de octubre se conocieran por su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia las nuevas cuantías, algunos vecinos empezaron ya movilizarse para presentar impugnaciones. Tienen todavía hasta el día 22 para seguir recabando apoyos, ya que las ordenanzas fiscales, aprobadas en Pleno el 17 de octubre, están ahora en periodo de reclamación. En esta sesión  la medida salió adelante con los 7 votos a favor de los concejales del PP, 2 abstenciones del PSOE y 2 votos en contra de VOX. Este último grupo ya ha manifestado sus críticas a la subida, como adelantó este diario.

Las impugnaciones se están presentando a nivel individual, pero se están recogiendo también firmas para respaldar una colectiva, que agrupe a vecinos del pueblo y de las trece urbanizaciones de la localidad, sobre las que la subida tendrá mayor repercusión. En concreto, las alegaciones se dirigen a la tasa de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales, la de Recogida de Residuos y el IBI. 

Los impugnantes piden la suspensión provisional de las subidas, que se tenga en cuenta la opinión de los afectados por la trascendencia económica de las medidas y que, en caso de que el Ayuntamiento considere necesaria la modificación de estas tasas, «se realice un estudio exhaustivo y transparente de los costes y de la infraestructura, tomando en cuenta la realidad de los usuarios y cumpliendo con los principios normativos nacionales y europeos».

La subida del IBI asciende al 37 por ciento y tendrá una repercusión de varios centenares de euros sobre el recibo anual de muchas de las residencias de las urbanizaciones, a las que corresponde un mayor valor catastral, pero afectará a todos los propietarios de inmuebles. En este caso, las reclamaciones alegan «desproporcionalidad y falta de motivación en los tipos de gravamen», que en el caso de los bienes de naturaleza urbana pasa del 0,40 al 0,55 por ciento. 

Los vecinos argumentan que en muchos ayuntamientos se ha bajado el IBI para paliar la subida generalizada de la tasa de basura: «No es el caso de nuestro ayuntamiento que aprovecha para, de forma arbitraria y carente de toda explicación ni argumentación, incrementar de forma desmedida el hasta hora elevado importe que se viene aplicando a los vecinos de este pueblo y su término municipal por este y otros tributos», señalan en la reclamación. Recalcan la importancia de la subida sobre las economías familiares y dicen que el IBI de Pepino no es comparable al de municipios cercanos o similares, por lo que el Ayuntamiento «puede estar sobrecargando fiscalmente a los contribuyentes en comparación con otras localidades en las mismas condiciones». 

El movimiento se inició en la  primera fase de la urbanización El Gran Chaparral, pero en pocos días se ha extendido por otras como Prado del Arca o Soto de Espinosillo, así como por los dos polígonos industriales, Buevavista y Valdefuentes. 

Se da la circunstancia de que la tasa de depuración solo se aplica en las urbanizaciones, porque en la localidad no existiría depuradora y, por tanto, en el pueblo no corresponde su liquidación. En este caso, los afectados impugnan la subida por la inexistencia de caudalímetros que midan el consumo real y porque las aguas pluviales de la autovía  se canalizan a la red de alcantarillado de algunas urbanizaciones, ocasionando inundaciones recurrentes y, además, un sobrecoste de la tasa de depuración. 

Por lo que respecta a la Recogida de Basura, el aumento se sitúa en el 50 por ciento, en la línea de lo ocurrido en muchos municipios. El recibo más bajo será de 75 euros, pero las viviendas unifamiliares podrán llegar a pagar hasta 90 euros más de suplemento, en función de las dimensiones de la parcela en la que se levante. Para los locales, la tarifa oscila entre los 75 euros al año de aquellos que no tienen actividad y los 375 euros de los dedicados a industria que superen los 500 metros cuadrados. En el caso de los salones de boda y banquetes, se establece una tasa de 1.600 euros anuales.