La falta de aplicación de la subida obligatoria del agua correspondiente a 2022 será una de los razones que van a impulsar el aumento del recibo para el año próximo. El equipo de Gobierno socialista optó por obviar el incremento que reclamaba la empresa concesionaria, a pesar de que se trataba de una revisión obligatoria, que en virtud del contrato de la concesión, que se debe aplicar cuando se producen sobrecostes. En este caso, el aumento que se debería haber aplicado al recibo a comienzos de este año ascendía al 12,6 por ciento, que se tendrá que repercutir ahora obligatoriamente.
Lo explicaba ayer en declaraciones a este diario el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García Barroso. Esta subida pendiente se añade a la acumulada este año por los aumentos del IPC, el Euribor y los costes salariales, todos ellos notables. En conjunto, el Ayuntamiento se enfrentaba a aplicar de un golpe un incremento cercano al 35 por ciento, que ha querido matizar prorrateando en cuatro años la subida que no aplicó el PSOE.
De esta forma, del 12,6 por ciento solo se aplicará el próximo año un 3,6 por ciento, una cuarta parte, tras la negociación realizada entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del ciclo del agua. Además, asegura Barroso, se hará sin aplicar intereses.
«Es otra patata caliente que nos han dejado los socialistas y que nosotros hemos minimizado al máximo para que los talaveranos no sufran el infierno fiscal que han tenido en la pasada legislatura con Agustina García, que se dedicó a subir impuestos como el IBI», asegura García Barroso.
En todo caso, el portavoz del equipo de Gobierno ratificaba que en el recibo que se abona cada dos meses el aumento no pasará de los 4 euros por usuario. «Eso se debe también a que los socialistas, no atendieron a la revisión del contrato el año pasado, mientras que en septiembre, al poco de entrar este equipo de Gobierno, se nos exigió la actualización del contrato conforme a la revisión de precios tanto del 2023 como del 2022», añade el portavoz.
una subida de 4 euros. Pese a todo, el Ayuntamiento asegura que la subida no tendrá una gran repercusión en el recibo de los usuarios y en un contrato tipo, con un gasto de 10 metros cúbicos de agua, puede ser de 0,85 euros, teniendo en cuenta además que la tasa, que incluye también depuración y alcantarillado, se paga cada dos meses. En todo caso, las estimaciones municipales apuntan a un coste máximo de entre tres y cuatro euros por abonado.
Junto a la tasa del agua, de obligatoria revisión, habrá otros conceptos tributarios que se introducirán, como el pago por retirada de vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas, que es de nueva creación y con la que se quiere dar respuesta a una realidad existente para la que hasta ahora no había posibilidad de cobro, porque no figuraba en ninguna ordenanza. En este caso no se trata de un impuesto, figura tributaria que grava la propiedad, ni de una tasa, que se abona por servicio prestado, sino de un precio.
También se fija precio para la participación en las rutas guiadas colectivas, habitualmente organizadas desde la Concejalía de Turismo. García Barroso, a la sazón concejal de Haicenda, explicaba en este sentido que con las ordenanza se aprueba una horquilla de precios, pero que el coste final de las entradas será decidido dentro de esos márgenes por la concejalía correspondiente. Además de recordar que, por ejemplo, la visita a las murallas de El Salvador seguirá siendo gratuita para los visitantes que acudan de forma individual, señala que el coste de la entrada podría ser el más bajo fijado, cinco euros, con posibles exenciones cuya aplicación será objeto de estudio.
«No se trata de un afán recaudatorio, sino de garantizar que las personas que reservan la participación en estas visitas acudirán realmente», explica al respecto García Barroso. Esta figura es una de las más criticadas por el Grupo municipal Socialista, para el cual se va a coartar con ella el acceso a la cultura.