María Gómez-Monedero y Montserrat Cano presentaron en el Ayuntamiento de Ocaña el 21 de julio de 2023 un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños morales y reclamación del cese de las molestias por ruidos, causadas supuestamente por la aglomeración, sobreexplotación y uso ilícito de la zona de soportales del edificio de su vivienda en la Plaza Mayor, así como de la zona de terrazas. Por ello, reclaman una responsabilidad patrimonial al Consistorio de 35.000 euros para cada una.
Madre e hija explican mediante el gabinete madrileño Ayala&González Abogados que la reclamación no recibió contestación del Ayuntamiento. Transcurrido el plazo legal, presentaron el recurso contencioso-administrativo recibido recientemente el Consistorio. Se trata de las mismas vecinas que presentaron una demanda contra los ruidos de la programación en la Plaza Mayor; por ello, en ese caso, la medida cautelar judicial ha suspendido la actividad que supere las mediciones límite, por lo que el Ayuntamiento tuvo que alterar el programa de Navidad y la Semana Santa, declarada Bien de Interés Turístico Nacional.
«En modo alguno, mis representadas pretenden que no haya bares ni terrazas en la Plaza. Todo lo contrario: que los bares con sus terrazas no degraden el conjunto de esta Plaza declarada Monumento de Interés Nacional, ni se apropien para su negocio particular de los soportales, porque con ello, además, devalúan la calidad de vida y la salud de los residentes», sostiene su abogado, Ricardo Ayala.
En este sentido, las dos vecinas exigen al Ayuntamiento que haga cumplir la legalidad vigente a los hosteleros y asuma su responsabilidad por «su inactividad y dejación de funciones» durante años. «Habiendo hecho oídos sordos a las quejas de mis representadas por vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad de su hogar, a la salud, y a disfrutar de un medioambiente adecuado», apostilla.
Las vecinas reclaman al juzgado el derecho a «no tener la obligación de soportar» las molestias por la aglomeración de terrazas y la sobreexplotación de la zona cubierta de los soportales y de la fachada del edificio. «Se traduce en un elevado ruido durante todo el día y hasta altas horas de la madrugada, insalubridad de la zona ver impedido o dificultado el acceso a la vivienda a causa de los clientes que están por la zona, las mesas, las sillas y las bombonas de butano», detalla al respecto.
María y Montserrat denuncian también ante el juzgado «situaciones de conflicto vecinal» con amenazas e insultos.
El recurso pretende que el juzgado obligue a asegurar los límites de los niveles de ruido establecidos en la normativa medioambiental. Asimismo, reclama la modificación de las licencias otorgadas a cinco negocios y fije las 12 de la noche como hora límite en invierno y la 1 de la madrugada en verano. Y la 1:30 en fechas como Navidad o fiestas patronales. Además, pide la limitación del número de mesas y el cumplimiento de un límite de espacio físico para evitar las aglomeraciones.
Las vecinas mencionan un bar en concreto y piden que mantenga siempre las puertas y ventanas del local cerradas como parte del cumplimiento del control de contaminación acústica.
La reclamación sugiere una inspección municipal a cinco negocios en concreto para comprobar el cumplimiento de las normas de almacenamiento de las bombonas de butano.