La propuesta contra la ocupación ilegal que plantea Vox ha sido de nuevo 'desalojada' de las Cortes. Se ha debatido y votado esta mañana en la Comisión de Fomento de las Cortes, donde Vox ha conseguido el apoyo del PP, pero ha visto cómo su intento ha vuelto a ser infructuoso, pues la mayoría del PSOE la ha rechazado. En el texto plantean exigencias al Gobierno de España para el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al Gobierno regional le pedían poner ventanillas para las víctimas, ofrecer apoyo jurídico y crear un registro de zonas afectadas por la ocupación.

El portavoz de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, lo tiene claro.  "Lo que hay que hacer es sacarles inmediatamente con una patada en el culo cuando están cometiendo un delito", esgrime, "que vean que ocupar una vivienda no es un chollo". Dice que ya se están ocupando hasta chalés con piscina. 

Sánchez recriminó al PSOE que haya dejado "caducar" la propuesta de normativa que en la pasada legislatura aprobaron las Cortes regionales para mandar al Gobierno nacional con la que se regulaban los desalojos exprés, se endurecían las penas y permitía no empadronar a los okupas. De hecho, le gustaría que el PSOE aprovechase sus diputados en el Congreso para reactiva esta propuesta legislativa.

El portavoz de Vox dio incluso un ejemplo de algo que está ocurriendo en un bloque que gestiona Gicaman, la empresa de vivienda de la Junta. "Me llamó una persona de Guadalajara con este problema, de 46 vecinos que son en el bloque, solo 19 están al corriente del pago", señala. Habló de "inquiokupas en viviendas de protección oficial que no están pagando ese alquiler". 

La diputada del PSOE Marisa Sánchez le espetó de que si tiene información de que "se está cometiendo una infracción, tiene el deber como diputado de ponerlo en conocimiento de la ley". "No venga aquí con la brocha gorda", le recriminó. Destacó que "la postura del Gobierno regional es de tolerancia cero ante las ocupaciones ilegales" y aseguró que la Consejería de Fomento lo está demostrando con hechos: "No le ha temblado el pulso de denunciar todas las viviendas donde se han producido ocupaciones". 

Además destacó que el Gobierno regional ha tomado medidas como permitir subir el IBI a los ayuntamientos para las entidades bancarias que no desalojan a los okupas. También habló de un plan de garantías para alquileres sociales.

Desde el PP cuestionan la efectividad de las medidas que está tomando el Gobierno regional en sus competencias. La diputada María Roldán se queja de que los socialistas no tienen "datos reales de las propuestas o de las medidas que han tomado y de cómo han repercutido directamente a los castellanomanchegos". Los datos que dio la diputada del PP son los del CIS. Señaló que en Castilla-La Mancha uno de cada cuatro castellanomanchegos teme una ocupación y que tres de cada cuatro vecinos cree que la ocupación es un problema social. "Por tanto, hay alarma social", denunció.