El pasado martes por la noche cuatro personas fueron halladas muertas en una vivienda de la cuesta de Santa Leocadia, en el Casco Histórico. Un día después, Delegación del Gobierno confirmó que las primeras autopsias desvelaban una intoxicación con monóxido de carbono causada por una estufa como la causa de la muerte. También añadieron que la vivienda estaba subarrendada por habitaciones. Algo que desconocía el propio propietario del inmueble, como ha confirmado él mismo a La Tribuna.

El dueño del piso, que además cuenta con otros dos inmuebles en propiedad en dicha comunidad vecinal, señala que él presenta un contrato de arrendamiento con una mujer desde hace cuatro años aproximadamente, en el que no se contempla ni se autoriza a la inquilina la posibilidad de subarrendar el mismo.

Dicho esto y después de escuchar la versión de su inquilina e, incluso, de asegurarse de que esta no era ninguna de las víctimas del siniestro, el propietario señala que ha presentado en el juzgado número 3 de Toledo una denuncia a esta mujer por daños y perjuicios, al considerar los hechos como «muy graves». De igual modo, ha presentado el contrato de alquiler voluntariamente donde se corrobora la identidad de la otra parte. Documentación que también posee la Policía Nacional para continuar con la investigación del incidente.

Al margen de las acciones legales que ha acometido o vaya a acometer el arrendador, este informa de que a la mañana siguiente de conocerse el trágico suceso la inquilina se puso en contacto con él por vía WhatsApp para preguntarle si se había enterado del suceso y pedirle perdón por lo ocurrido. Asimismo, el propietario revela que la arrendataria niega que haya realquilado el piso por habitaciones, señalando que los fallecidos eran unos amigos de su hijo que estaban residiendo allí de manera temporal.

En esa misma conversación, al día siguiente del levantamiento de los cadáveres, la inquilina también solicitó al dueño de la vivienda que su intención era quedar para devolverle las llaves y finalizar así su contrato. Éste le respondió que hay que esperar a que las autoridades policiales levanten el precinto y se depuren responsabilidades.

A raíz de este diálogo entre casero e inquilina, el primero se puso en contacto con vecinos de la comunidad para consultarles si ellos conocían esta situación de subarrendamiento, a lo que le respondieron que ellos veían a varias personas entrar y salir del inmueble pero que no conocían los detalles del contrato. Indirectamente, los vecinos recalcan que las víctimas nunca generaron problemas o conflictos.

ESTUFA. Un detalle que genera incertidumbre en el propietario de la vivienda es la presencia del aparato que causó la fuga de gas, porque destaca que su piso cuenta desde 2012 con hasta cuatro aparatos de aire acondicionado de frío y calor. Asegura además que él no aportó ninguna estufa o elemento similar cuando cedió las llaves de la casa.