Los ciudadanos quieren saber y un buen instrumento serían las comisiones de investigación parlamentarias si estas fueran capaces de superar las dudas sobre su utilidad para resolver los problemas que se le plantean y para que sus conclusiones tengan consecuencias políticas. Nada de eso ocurre porque son un instrumento más del enfrentamiento a cara de perro entre las dos partes en las que está partida la representación nacional en ambas Cámaras de las Cortes.

El Senado aprobó la comisión de investigación para saber cuáles han sido los avatares de la compra de mascarillas a raíz de que surgiera el 'caso Koldo', con sus tráficos de influencias, los comisionistas, las marisquerías y las presiones para que determinadas administraciones autonómicas contrataran la compra de mascarillas con los miembros de la trama. Con mayoría absoluta, el PP aprobó sin problemas la comisión de investigación y el PSOE haciendo una vez más de la necesidad virtud votó a favor de su constitución. De nada le habría servido oponerse. Esta comisión tiene un punto de morbo y de riesgo si el PP llama a testificar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que no aparece en el sumario del "caso Koldo", pero sobre la que el PP ha centrado su ofensiva en los últimos días sin que por ahora haya presentado nada más que recortes de periódicos, en un proceso de acción-reacción por las noticias sobre los delitos fiscales del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PP podría haber hecho lo mismo, votar a favor y no abstenerse, para aprobar la comisión de investigación en el Congreso en la que se pretende analizar el comportamiento de "todas" las Administraciones a la hora de contratar durante la pandemia, cuando se relajaron todos los controles ante la angustia y la necesidad de tener cuanto antes materiales de protección contra el covid-19. Ante la inevitabilidad de la constitución de esta comisión, por la que pasarán los dirigentes populares que de una u otra forma se han visto implicados en otros tipos de fraude por el mismo motivo, el PP ha decidido ponerse de perfil cuando van a tener que dar explicaciones de frente. El caso del hermano de la presidenta de Madrid cuenta con su exoneración por la justicia, pero le salpica la actuación de su novio. Otro asunto, el de la estafa al Ayuntamiento de Madrid, está también judicializado.

La confluencia de ambas comisiones de investigación podría verse, con optimismo, como complementarias y el momento para sacar unas conclusiones que permitan hacer frente con solvencia a una situación similar que los científicos afirman que no es descartable a corto o medio plazo. Con realismo, lo que va a ocurrir es que se va a producir un desfile de los comparecientes con pena de telediario en el que los diputados y senadores volverán a utilizar la táctica del ventilador y, lejos de imbricarse, sus resultados estarán disociados, con el único punto en común de la petición de responsabilidades y dimisiones que caerán en terreno baldío y sin reconocimiento de la responsabilidad, amparados por el estado de necesidad.

Ante tanto ruido tienen poco futuro propuestas como la de Sumar de crear una oficina de prevención de la corrupción, que lo inverosímil es que, con las experiencias pasadas, ya no se encuentre constituida y su presidente elegido por mayoría cualificada en el Congreso.