El Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta desde hace menos de una semana con una herramienta legal que puede llegar a frenar proyectos que generen impacto sobre el patrimonio de la región. La nueva Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha incluye doce cambios en leyes, entre ellas la modificación de la del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Concretamente, la modificación introduce el concepto de «paisaje cultural», que define como «territorio que resulta de la interacción del medio natural y de las personas que lo habitan, cuya expresión es el resultado de la percepción y valoración de sus cualidades culturales, materiales e inmateriales, que generan un proceso de identidad de una comunidad».

Con este concepto, se añade un nuevo artículo en la ley del Patrimonio Cultural, en relación a las evaluaciones de impacto ambiental en bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. El caso va al dedillo con el AVE a Lisboa y Toledo, ya que precisamente lo que la Junta observa con claridad es un peligro de afectación al cono visual de la Ciudad Patrimonio.

El nuevo artículo señala específicamente que «el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural (la Junta en este caso) valorará los proyectos de actuación que se pretendan realizar en bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), tanto en la zona nuclear como en la zona de amortiguamiento (por dónde discurre el trazado del nuevo AVE), y que puedan modificar el valor universal excepcional por el que se determinó su inclusión, conforme a los criterios establecidos por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) para la Evaluación del Impacto Patrimonial».

Este cambio daría la posibilidad a la Junta de poder frenar proyectos que generen un impacto en  bienes protegidos por la Unesco. Lo que está por ver es si, en el caso de Toledo, será necesario.