Editorial

Primero las instituciones y el Estado, después la política

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El Congreso de los Diputados ha dado por aprobada la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de algunos etarras de prisión y no la volverá a votar, tal y como pidió este lunes el Senado que consideraba que el rechazo por mayoría absoluta de la Cámara Alta al texto equivalía a un veto. Así lo puso de relieve el presidente de esta cámara, Pedro Rollán, y así debería de haber sido entendido, pero no. No para la mayoría con pies de barro en la que Sánchez construye su castillo en el aire desde la Cámara Baja. La decisión de enviar de forma directa al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación por parte de la Mesa del Congreso, que llega tras escuchar a los servicios jurídicos del Congreso, allana de forma notable el camino de las sonrojantes consecuencias que lleva aparejadas.

En este asunto de gravísimos efectos, que puede llegar a perderse entre el mar revuelto constante de la actualidad política, convendría poner los puntos sobre las íes. Empezando por la cuestión de fondo, de sobra debatida en los últimos días, y es la concesión de unos privilegios que avergüenzan a cualquiera. Que algunos de los más históricos y sanguinarios miembros de ETA como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', Félix Alberto López de Lacalle 'Mobutu', o Soledad Iparraguirre 'Anboto', puedan ser excarcelados ya el próximo año, adelantando así su final de condena gracias a descontar los años que pasaron en prisión en Francia, es una indignidad memorable y no hay –ni habrá– justificación posible que mitigue tal ignominia.

Pero hay más. Tristemente, hay mucho más. El sainete político y parlamentario de esta deshonra también 'destapa' a más de uno y en varios partidos, no solo por añadir de 'tapadillo' una serie de enmiendas en una ley aparentemente inocua o por votar en positivo un texto que previamente no se había leído de forma detenida. No solo es eso, que ya es extremadamente grave. También deja con las vergüenzas al aire al propio sistema. ¿Qué sentido tiene que cada partido, como si de trincheras se tratasen, utilice cada una de las cámaras a su conveniencia gracias al control que ejercen sobre ellas? El PSOE, el Congreso, para saltarse a la torera el veto del Senado y no tener que retratarse de nuevo en una ley tan polémica. El PP, el propio Senado, para escenificar su rechazo con un 'no' momentáneo y disimular de alguna manera el error mayúsculo cometido.

La política actual ha llegado a un punto de degradación tal en el que el dolor como consecuencia del terrorismo pasa a un segundo plano. Algo que jamás se debería permitir. Las propias instituciones, columna vertebral del Estado, han sido relegadas de manera bochornosa en pro del poder y los intereses que atesoran los partidos. Y eso, es evidente, tampoco se debería permitir.