La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se llevará a cabo siguiendo un proceso de adaptación para la ciudadanía, con campañas de información por parte del Consistorio talaverano para dar a conocer las restricciones al tráfico en el área delimitada en el Conjunto Histórico. Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, quien a preguntas de los periodistas acerca de este proceso ha confirmado que se llevará a cabo en el plazo establecido desde el Gobierno central.
Este plazo en concreto concluirá a finales de este año, dentro de tres meses y medio, tiempo que se va «agotar» desde el Ayuntamiento talaverano, según ha avanzado el portavoz. Antes de su puesta en marcha, además, se seguirá un plan de sensibilización a la ciudadanía con el que dar a conocer las particularidades que conlleva la creación de este espacio en pleno corazón de la ciudad con el que se persigue mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En las ZBE se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos si bien el portavoz ha querido remarcar que desde el Gobierno municipal persiguen que la ordenanza que regirá estas limitaciones -que se está ultimando de elaborar- «sea lo menos restrictiva posible». En su lugar, se quiere contar con una ordenanza municipal «que sea lo más operativa» posible y «permita la convivencia tanto de los vecinos que viven en las zonas más afectadas como de aquellos que tienen que acceder al Casco Histórico».
Una convivencia que, para el portavoz, vendrá de la mano de la gestión directa que hará el propio Ayuntamiento de Talavera del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, aprobado de forma definitiva en pleno el pasado día 6, ahora en manos de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A. (EYSA).
La conocida como zona azul cuenta con aparcamientos en lo que será esta ZBE, lo que podría llevar al Consistorio a crear nuevas plazas reguladas en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, esto es algo que aún no está definido, según ha indicado este lunes el portavoz municipal, quien ha querido remarcar que la intención de esta zona azul «no es recaudatoria» sino que busca «facilitar la rotación del aparcamiento de los vehículos y la movilidad en los entornos donde hay problemas de aparcamiento».
En cualquier caso, García-Barroso ha insistido en que si bien la recaudación promedio de los últimos diez años por este servicio ha sido inferior a los 40.000 euros, al municipalizarlo se ha calculado cercano a los 500.000 euros. De ahí que, pese a que se suprimieran estas plazas y no se crearan en otros puntos de la ciudad, seguiría habiendo más ingresos que los cosechados con la externalización del servicio, ha matizado el portavoz.