La familia de la presidenta de una comunidad de vecinos del barrio madrileño de Carabanchel cuyo cadáver apareció carbonizado en una escombrera de Las Ventas con Peña Aguilera en marzo de 2023 pide para la acusada de su muerte la máxima pena por asesinato, 25 años, así como más de tres años por un delito de falsedad documental y profanación del cadáver.

La familia de Pilar M.G., natural de Valdeverdeja, quien tenía 68 años cuando ocurrieron los hechos, rechaza así la tesis de la Fiscalía y de la defensa de cara al juicio que comenzó ayer, ya que considera que no se trata de un homicidio -ni imprudente ni intencionado- sino de un asesinato debido al «ánimo frío y asesino» por parte de la acusada, Marta C.H., de 36 años.

Así lo explicó en la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid el abogado de la acusación particular, José Santiago Torres Prieto, quien pide una pena total de 28 años y medio de cárcel para la procesada.

«Vamos a intentar demostrar que se ha producido un asesinato», subrayó el abogado de la familia de Pilar, para quien la muerte de la que era presidenta de una comunidad de vecinos del barrio madrileño de Carabanchel se debió a que la acusada quiso «tapar los impagos» que venía cometiendo.

De esta manera, sostiene que a lo largo de la vista oral, que comenzó ayer con la selección del jurado popular que enjuiciará el caso, quedará demostrada la «falsedad» de la tesis del homicidio imprudente que mantiene la defensa de la acusada, y por la que reclama para ella una pena de cárcel de 2 años y 4 meses de prisión.

La acusación particular rechaza que se trate de un «accidente» y destaca que se produjo una «salida masiva de sangre» provocada por el «corte de un vaso», aunque reconoce que hay pocos datos científicos porque la acusada «procuró destruir el cuerpo».

Por su parte, la Fiscalía pide para la procesada una pena de 13 años de cárcel por un delito de homicidio intencionado, así como una indemnización de 100.000 euros a los familiares de la víctima.

Según destaca el fiscal en sus conclusiones provisionales, la acusada causó «intencionalmente» la muerte de su presidenta de comunidad y, después, introdujo el cuerpo de la fallecida en el maletero de su coche para trasladarlo hasta la población de Las Ventas con Peña Aguilera, donde lo quemó «hasta la carbonización».

El abogado de la acusación particular subrayó que la mujer asesinada reclamaba a la acusada una deuda de dos recibos que ascendía a algo más de 1.000 euros, una cantidad que impedía a los vecinos que pudieran encender la calefacción por las noches.

También pide que a la mujer se la condene por falsedad documental, ya que «intentó falsificar» los impagos a la comunidad de vecinos con una serie de documentos bancarios.

Por su parte, la defensa argumenta que la víctima «se resbaló» en el baño de la acusada, lo que hizo que «perdiera el equilibrio y se golpeara la cabeza». Tras este suceso la encausada «intentó levantarla» pero al ver el golpe la soltó «de forma involuntaria» dejándola caer de nuevo.

Pilar había estado menos de una semana antes de su fallecimiento en su localidad natal, Valdeverdeja, donde pasaba los fines de semana en su casa de la calle Don Vidal Saturnino. «Era una persona normal y querida en el pueblo», afirma al respecto el alcalde del municipio de la Campana de Oropesa, Juan José Moreno.