El PSOE de Castilla-La Mancha está cargado de argumentos para indignarse por la supresión de los denominados puntos violetas. Nadie les podrá reprochar su contundente respuesta ante todas las fechorías cometidas recientemente contra las mujeres y contra el espíritu feminista preponderante. Lo hemos visto esta semana. Tras la rebaja de la condena a un miembro de la manada de los sanfermines, han salido en tromba a denunciar el coladero que ha supuesto la ley del solo sí es sí. El rugir de todas las socialistas -sumado al de las podemitas- que se echaron a la calle al grito de «¡no es abuso, es violación!» cuando se conoció la primera sentencia, se ha repetido ahora por pueblos y ciudades. Ha sido un clamor. Unánime. Sin fisuras. En la misma línea que han seguido tras la rebaja de pena a 1.155 delincuentes sexuales y la excarcelación de 117 violadores y pederastas de todo pelaje. Da igual donde vivas. En ciudad grande o en pueblo pequeño. Habrás escuchado el grito indignado en contra de los legisladores que aprobaron una ley que golpea doblemente a las víctimas; una ley que nació de la furia popular por la violación grupal de Pamplona y que ha terminado por agraciar a uno de esos jóvenes. Todo en orden. 
La eliminación de los puntos violeta de los espacios festivos de Guadalajara y Talavera de la Reina es motivo suficiente para convocar concentraciones de protesta. Ya lo han hecho y siguen en la batalla. Que a una joven le agreda sexualmente un celador del Sescam -para mí, sigue siendo una violación- solo ha provocado el silencio y la ocultación por parte de los mismos que ahora se hacen los ofendiditos. Aquella joven estaba enferma y desarmada. Se encontraba ingresada en un centro donde la debían cuidar, pero se vio completamente desvalida cuando un trabajador del hospital entró y eyaculó en su boca. Ni una manifestación de protesta. Tampoco una sola palabra de aliento ni siquiera un «hermana, yo sí te creo», ese clásico del feminismo de pastel. El entonces director de gestión del Hospital de Guadalajara acabó de diputado nacional del PSOE y en el partido la consigna ha sido poner una pesada tapadera para ocultar toda la basura que ha rodeado el caso. Lucía -nombre ficticio- no encontró en el hospital un punto violeta al que acudir. Sólo una enfermera que la creyó y le animó a denunciar, a pesar de la pasividad de la gerencia del centro y de otros profesionales que querían que lo dejara pasar. ¿Cuántas manifestaciones han visto desde que ocurrieron los hechos en el verano de 2020? 
Cualquier herramienta es poca para luchar contra la violencia machista y el ministerio de Igualdad ha demostrado su incapacidad para atajar esta lacra. El creciente presupuesto del departamento que dirige Irene Montero -en 2023, 573 millones de euros- sólo ha servido para promover una ley suelta violadores y para enriquecer a altos cargos como Ángela Rodríguez Pam, cuyo único mérito es el de descojonarse públicamente mientras salían a la calle decenas de delincuentes sexuales. Los datos son muy gráficos: los delitos registrados contra la libertad sexual han aumentado en 2022 en España un 13% respecto a 2021; en el caso de las agresiones sexuales con penetración, ha ascendido hasta el 33,9%. Tan denunciables son aquellos que niegan la violencia machista como los que han hecho un negocio del asunto. Ahora venden que la retirada de los puntos violeta deja completamente indefensas a las mujeres. Eso es igual que decir que los policías desplegados en los espacios festivos son unos incompetents y no saben atender una denuncia por agresión sexual o violación. Si los que ahora claman por su retirada hubieran gritado contra la ley del sólo sí es sí o contra los que ocultaron lo del Hospital de Guadalajara, tendrían credibilidad. Con los antecedentes que arrastran, evidentemente ninguna.