La necesidad de flexibilizar y simplificar las exigencias que se contemplan en la aplicación de la Política Agraria Común ha sido una constante en la última década en las demandas de las organizaciones agrarias para evitar tener una asesoría en cada explotación. Han sido también una preocupación de algunos de los países miembros, como España, de cara a facilitar su actividad a los agricultores y ganaderos sin, por ello, dejar de cumplir las normativas comunitarias. Hoy siguen siendo un debate que trata de cerrar Atocha con el sector.

Simplificar y flexibilizar estos procesos era ya uno de los ejes del reglamento ómnibus hace casi una década, en 2017, referido entonces, entre otros aspectos, a la definición de los pastos permanentes, de la política verde o de las prácticas beneficiosas para el medio ambiente. En el ámbito nacional, la simplificación, la reducción de la carga administrativa y la flexibilización en los plazos en la normativa agrícola y ganadera referida a las exigencias de la condicionalidad reforzada de cumplimiento obligatorio es uno de los ejes de las 43 medidas articuladas por el Ministerio de Agricultura para apoyar y asegurar la viabilidad de la actividad agraria. Este paquete solo ha sido apoyado por UPA y Unión de Uniones y, hasta la fecha, ha sido rechazado por insuficiente por las dos siglas mayoritarias, ASAJA y COAG, que echan en falta medidas para la ganadería y no están de acuerdo con el proceso de negociación. Fuera de estas medidas ligadas al medio ambiente y la sostenibilidad, quedan los ecorregímenes, con ayudas para agricultores y ganaderos, pero cuyo cumplimiento es voluntario -aunque muy limitante a la hora de recibir las ayudas-.

Finalmente, en el ámbito comunitario, la simplificación de la normativa, la reducción de la burocracia y el aumento de la flexibilidad han protagonizado en las últimas fechas los debates en el ámbito europeo planteados por la Comisión y con luz verde en el Parlamento, en respuesta a las peticiones de los agricultores y ganaderos de toda la UE en sus pasadas movilizaciones.

En conjunto, y de una forma muy resumida, la revisión de la PAC en esta dirección respondería a tres objetivos globales. Por un lado a desarrollar un tipo de prácticas que faciliten la cobertura de los suelos para evitar una mayor degradación a causa de los diferentes tipos de laboreo que afectan a su permeabilidad, su mayor compactación o que provocan la eliminación de toneladas de la mejor tierra cada año como consecuencia de inundaciones o simplemente de tormentas que, además de arrastrar suelo, suponen un volumen que va colmatar ríos y pantanos.

Por otra parte, la rotación y diversificación de cultivos como una práctica importante para la conservación y mejora de los suelos usando nuevas especies que, lógicamente, aumentan la oferta de producciones. Finalmente, con la implementación de los barbechos y de otros elementos del paisaje beneficiosos para proteger y aumentar la biodiversidad.

Como respuestas a las demandas del sector agrario, pero igualmente como una respuesta nacional obligada a las exigencias comunitarias en relación a la revisión de la Política Agraria Común, en esta dirección el Ministerio de Agricultura abrió en las últimas fechas este proceso de cambios con la elaboración de un proyecto de real decreto que se halla en exposición pública para recibir alegaciones hasta el próximo 7 de mayo.

De acuerdo con esa nueva disposición, el Ministerio de Agricultura flexibilizará y simplificará las exigencias en materia de clima y medio ambiente en cuatro de las diez denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), conocidas como condicionalidad reforzada, para su aplicación en 2024 con efecto retroactivo al 1 de enero o, en algunos casos, desde 2025, de acuerdo con un proyecto de real decreto actualmente a consulta. Estas actuaciones se enmarcan en el paquete de las 43 medidas recogidas en el pacto agrario, suscrito solo por UPA y Unión de Uniones.

Obligado cumplimiento.

El cumplimiento de las exigencias medioambientales y climáticas en su conjunto supone más del 40% de los casi 5.000 millones en los pagos directos contemplados en el Plan Estratégico. En ese escenario, las BCAM (condicionalidad reforzada, recordemos) suponen actuaciones medioambientales de obligado cumplimiento para recibir las ayudas; no así los ecorregímenes, prácticas medioambientales más profundas recompensadas con ayudas complementarias pero de cumplimiento voluntario.

De cara a la solicitud única de esta campaña y las próximas, Agricultura plantea una serie de modificaciones. En relación con la exigencia de una cobertura encaminada a proteger los suelos para evitar su deterioro se contempla la posibilidad de llevar a cabo acciones de laboreo poco profundas que no compacten mucho la tierra para facilitar la penetración del agua o la práctica del abonado en verde. En el caso de cultivos leñosos de pendiente superior al 10%, la cubierta vegetal que es necesaria durante periodos más sensibles podrá ser sustituida por restos de podas.

En el caso de la rotación de cultivos será suficiente una rotación cada tres años, aunque el agricultor puede optar por la diversificación anual, elección que es la que ASAJA recomienda. Si la explotación tiene entre 10 y 30 hectáreas de cultivo, se deben meter dos cultivos y que el mayoritario no suponga más del 75%. Si tiene más de 30 hectáreas, la exigencia es de tres cultivos y que los dos mayoritarios no superen el 95%.

La nueva disposición elimina la exigencia de dejar un 4% de tierras sin cultivar. Sin embargo, en el ecorrégimen de espacios de biodiversidad se deberá cumplir el abandonar el 7% de la superficie en secano o el 4 % en tierras de regadío o cultivos permanentes. En relación con condicionalidad reforzada no se aplicarán penalizaciones ni controles a los beneficiarios de ayudas cuya explotación tenga una extensión igual o inferior a las 10 hectáreas de superficie declarada.

De cara a la solicitud única para 2025, en lo que se refiere a la gestión de la labranza para evitar la erosión y la degradación de los suelos se contempla añadir nuevas excepciones en su cumplimiento en función del tamaño reducido de las explotaciones o de su pendiente.