El Ayuntamiento de Toledo ya va a encarrilar el contrato de depuración de aguas residuales tras varios meses de espera a la resolución delTribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a las aclaraciones de la manera en la que debe proceder la administración municipal tras el fallo del recurso que interpuso FCC Aqualia que obligaba a excluir de la licitación a Facsa, la oferta mejor posicionada, por incumplir el pliego de condiciones del futuro contrato, y a retrotraer la licitación hasta las valoraciones.
Tras prácticamente dos meses de espera, el concurso queda resuelto y Aqualia, la empresa que presentó la segunda mejor oferta, revalidará el contrato de depuración de aguas residuales en las depuradoras de Estiviel, Polígono y San Bernardo, con un coste de 41,3 millones de euros por un periodo de diez años.
En este caso, la Junta de Gobierno Local llevó el asunto ayer en el orden del día después de la Junta de Contratación extraordinaria celebrada el pasado viernes para acatar la resolución de este tribunal especializado en materia de contratación, contra la que cabía recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la región.
Si bien, el Ayuntamiento ha descartado acudir a la vía judicial y se ha conformado con el dictamen de este tribunal, con lo que ha solicitado a Aqualia que entregue toda la documentación oportuna para formalizar el nuevo contrato que, en principio, tenía que haberse puesto en marcha en octubre y ha obligado a a prorrogar el actual en dos ocasiones, una echando mano de una partida de poco más de un millón de euros y otra más a mediados de diciembre, con un coste de 152.299 euros.
Según se desprende del acta de la Junta de Contratación, de las cinco licitadoras de este contrato, FCC Aqualia parte como la oferta mejor posicionada en la valoración de los criterios dependientes de juicio de valor de las licitadoras que concursan. Le siguen la UTE Construcciones Sarrión-Socamex; Tedagua-Gestagua;Aquambiente y Sacyr.
Sobre la valoración por criterios matemáticos, Aqualia obtiene el segundo puesto, por detrás de Sacyr, pero lo cierto es que la suma de ambos criterios confiere una amplia ventaja a la actual concesionaria.
Por su parte, Facsa, titular a su vez de la empresa Tagus, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, se ha terminado excluyendo del procedimiento por orden del tribunal «al incluir variantes no previstas en los pliegos». En concreto, el tribunal entiende que las mejoras presentadas por Facsa deberían haberse contemplado en los requisitos y el anuncio de la licitación, con lo que el resto de ofertas se encontraban en desventaja. Lo mismo ocurrió con la tercera clasificada, Carrión-Socamex, pero en este caso el tribunal la excluyó del recurso y ha continuado en la licitación porque su resultado no alteraba el procedimiento ni el curso de la contratación.
Aclaración. El Ayuntamiento recibió la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales antes de que finalizase 2024, pero el Gobierno municipal optó por acatar el dictamen, pero decidió enviar una comunicación al tribunal para aclarar dudas y tener claro hasta dónde era necesario retrotraer la licitación tras un informe de la Secretaría General.
Al respecto, el servicio jurídico municipal considera imposible retrotraer el expediente al momento de valoración de las ofertas en relación a los criterios subjetivos porque cuando se procede a esta valoración «se ha desvelado el secreto de las proposiciones».
Por tanto, los abogados municipales veían más viable retrotraer la licitación a la valoración de los criterios matemáticos o incluso al de la clasificación de ofertas. Además, el Ayuntamiento quería conocer si una vez que se reanudara el concurso las licitadoras tendrían derecho a interponer recursos.