La Empresa Municipal de la Vivienda ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Ayuntamiento de Toledo, la modificación de la categoría del personal a contratar y del plazo de inicio de ejecución del proyecto de oficina para la promoción de comunidades energéticas.
Respecto al plazo, señala que la primera de las actuaciones debería haber comenzado el pasado septiembre pero asegura que le «ha sido materialmente imposible» debido a los cambios al frente del Gobierno municipal, «lo que ha supuesto que los nuevos proyectos fuesen nuevamente analizados y valorados». También porque la resolución definitiva de concesión se publicó en octubre de forma que el encargo de gestión a la EMV para la ejecución de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) no se ha podido realizar a tiempo.
En cuanto a la plantilla para atender la OTC se considera necesario nuevo personal, personal propio y contratación de servicios.
Como nuevo personal propone contratar a dos personas, una a jornada completa y otra a media jornada, con perfil técnico (superior y medio), cualificación, conocimientos y competencias adecuadas al puesto dando prioridad a mujeres, jóvenes de hasta 25 años, mayores de 50 años, personas inmigrantes o con discapacidad.
Sin embargo lo que antes era un perfil técnico de ingeniería, ahora, «analizado nuevamente el proyecto y sus distintas fases» se plantea una modificación en la titulación a exigir, al considerarse más efectivo para lograr los objetivos de la OTC la contratación de un graduado en Derecho y un graduado en Arquitectura o arquitecto técnico o ingeniero.
Argumenta como razón del cambio radica que las tareas que la OTC tiene encomendadas según el Plan de Trabajo serían asesoramiento técnico (costes, distribución de energía), búsqueda de espacios, gestión de la información, asesoramiento administrativo, documentación derivada de la constitución de comunidades energéticas, trámites con comercializadoras y distribuidoras, asesoramiento económico, plan de negocio, financiación, repartos de coeficientes, asesoramiento social, mecanismos de gobernanza y asesoramiento jurídico.
Indica que muchas de las tareas son administrativas (jurídico/legal) y «difícilmente podrán ser desarrolladas por un ingeniero».
Por lo que respecta al asesoramiento técnico las empresas del sector les aconsejan que sea realizado por arquitectos superiores, arquitectos técnicos o ingenieros y como la propuesta inicial hablaba de ingeniero o similar opina que «no habría problema en que se contratase a algunos de los perfiles indicados».