Modesto y Daniel pertenecen al equipo de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Van por el campo con la boina calada y con el deber de constatar la existencia de captaciones ilegales de agua. Su equipo tiene encomendadas alrededor de un centenar de inspecciones en el acuífero de Algodor y Sonseca; por ejemplo, los términos municipales de Mazarambroz, Ajofrín, Chueca, La Guardia, Tembleque, Consuegra o Villanueva de Bogas. La Benemérita se incorporó hace dos años y medio a esta función rastreadora para perseguir los desmanes con los recursos hídricos del subsuelo. De ahí, el estirón dado en el último año en las cuantías de las sanciones evidencia una mano dura por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
Los agentes han inspeccionado posibles captaciones ilegales en explotaciones con una gran inversión, con el riego soterrado. No obstante, la Guardia Civil, paciente, sabe cómo detectar el riego. Así lo explica a este diario Modesto Siles, un veterano del Seprona, sobre una plantación relativamente nueva pero sin el pertinente contador precintado (el precinto de la CHT cuantifica el consumo real de agua).
Los dueños de los cultivos intensivos o granjas sobreexplotan el acuífero con el ansia de sacar rendimiento. Para ello, o no disponen de la concesión o consumen más de la cantidad autorizada.
Incluso, los agentes han observado plantaciones de olivos en tierras áridas de 200 hectáreas con sondeos ilegales. O totalmente o parcialmente. El ataque administrativo contra ellos puede conllevar el sellado de la captación y multas cuantiosísimas.
El organismo de la cuenca del Tajo abrió 79 expedientes sancionadores durante el año pasado, que concluyeron con una sanciones definitivas que sumaban 1.393.529 euros. Tan sólo un año antes, en 2022, los incoados eran menos levemente, 68, pero el castigo económico sí resultaba notablemente inferior: 266.806 euros.
Las infracciones previstas incluyen la detección de pozos ilegales, el incumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de los usos privativos por disposición legal y el alumbramiento (sacar a superficie) de aguas subterráneas sin concesión o autorización administrativa.
Las infracciones se califican en función de los daños causados al dominio público hidráulico; por lo tanto, las sanciones dependerán de la calificación. En este sentido, los daños cuantificados en hasta 3.000 euros, calificados como leves, suponen multas de hasta 10.000 euros; los que comprenden la horquilla de entre 3.000,01 y 15.000 euros están castigados con multas entre los 10.000,01 y los 50.000 euros. Y, en casos clasificados como graves y muy graves por daños entre 15.000,01 y 150.000 euros respectivamente, las multan varían entre los 50.000,01 euros hasta los 500.000 euros entre los graves y de 500.000,01 a un millón de euros los muy graves.
La CHT y la Dirección General de la Guardia Civil firmaron el 26 de agosto de 2021 un acuerdo hasta 2024 para coordinarse en la vigilancia, inspección, control y denuncia de las ilegalidades. El pasado 20 de febrero, la comisión que supervisa el cumplimiento se reunió por sexta vez y evidenció el interés por prorrogar la renovación más allá de 2025. La Benemérita pide vehículos todoterreno, kit patrulla, bolas de remolque, embarcaciones y pértigas toma muestras para las inspecciones que complementan el trabajo fiscalizador de la CHT en zonas con visos de sobreexplotación del acuífero.