La provincia de Toledo necesita incorporar 60.000 viviendas asequibles para responder a la demanda habitacional que existe en un territorio que ha incrementado su población en unos 40.000 vecinos desde el final de la pandemia. La consultora Atlas calcula que el conjunto de España precisa de 3,5 millones de nuevos hogares que puedan adquirirse con un esfuerzo que no rebase el 30% de los ingresos del potencial propietario. Si el tramo de renta requerida para costear el inmueble se extiende hasta el 40% de los ingresos, la provincia debería añadir 34.000 casas y algo más de 2,1 millones de residencias todo el país.

El Informe de vivienda asequible en España achaca a la escasez de suelo disponible, la falta de producción de viviendas, los elevados costes de construcción, la carga impositiva, el acceso limitado al crédito y la concentración demográfica las tensiones en el mercado inmobiliario. Las soluciones que se contemplan aúnan el incremento de la oferta de suelo, el fomento de la colaboración público-privada, la reducción de costes, la rehabilitación de edificios y la financiación accesible.

Por su parte, el Gobierno central anunció ayer una batería de medidas para la construcción de vivienda pública destinada al alquiler sostenible. Entre otras propuestas, se contempla la cesión de casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para la edificación de inmuebles con protección oficial, además de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para su posterior arrendamiento. Las intenciones del programa esbozado por Pedro Sánchez incluyen la movilización de miles de unidades en favor del mercado de alquiler; en el ámbito de la compra sólo se plantean restricciones a la adquisición por parte de extranjeros no residentes.

El estudio sitúa a Toledo como la décima provincia con mayor necesidad de vivienda asequible. Las mayores urgencias se detectan en Madrid (864.000 hogares) y Barcelona (716.000). Tras las dos grandes áreas metropolitanas de España, despuntan Alicante (306.000), Valencia (276.000), Baleares (154.000), Zaragoza (108.000), Tarrágona (92.000) y Córdoba (63.000). Las poblaciones de todos los territorios referidos supera al censo toledano.

«La primera consecuencia de la dificultad de acceso a la vivienda y el aumento de los precios es el incremento de las tasas de esfuerzo, tanto en la compra como en el alquiler», añade el informe. Atlas extiende hasta los seis años el tiempo de renta media acumulada necesario para pagar una vivienda, un periodo que se alarga en el caso de que el inmueble que se pretende adquirir se encuentre «en las zonas urbanas más pobladas».

La edad media para la compra de la primera vivienda se eleva hasta los 41 años, un hecho que evidencia «el retraso acumulado en la transición hacia la independencia residencial», detalla el análisis. La progresiva demora remarca las dificultades de las cohortes más jóvenes para hacerse con una propiedad. Este indicador se relaciona con la edad tardía de emancipación, que en el caso de España alcanza los 30,4 años.

«Los españoles no se emancipan tarde por cultura o placer, sino por incapacidad de hacerlo antes», reza el texto. La falta de ahorro inicial para costear la entrada de una vivienda, una cantidad que supone decenas de miles de euros, se adivina como uno de los principales impedimientos para la compra de un hogar.

Atlas ahonda en la carencia de «viviendas para colectivos con necesidades especiales, que entrarían dentro del rango de vivienda social». La escasez de unidades en el parque inmobiliario para estas cohortes «ha generado un problema creciente para los hogares de rentas más bajas, dificultando su acceso a la vivienda en España». 

Al mismo tiempo, el estudio critica la falta de palancas tractoras en este segmento del mercado y cifra en un 10% el volumen de viviendas de protección construidas respecto a los datos de 1997. Desde 2020, se han construido poco más de 43.000 hogares con protección pública en todo el país.

Otra de las consecuencias más visibles de la crisis de la vivienda es el aumento del alquiler como solución habitacional, otro mercado castigado por el alza de los precios y la falta de inmuebles disponibles. Uno de cada cuatro españoles viven bajo este régimen de tenencia.

REMEDIOS. Las soluciones que propone el informe incluyen la flexibilización del porcentaje necesario para el pago de la entrada de una vivienda, aproximadamente el 30% de su valor. Además, plantea la liberalización de suelo y la cesión durante varias décadas para la construcción de hogares con protección. Asimismo, se sugiere una limitación flexible de los precios de la vivienda asequible, con márgenes diferentes según las zonas donde se ubiquen.