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Un nuevo estilo arquitectónico se extiende en la ciudad. Junto a los históricos gótico, renacentista y mudéjar, llama la atención al visitante la cantidad de viviendas tapiadas en el Casco histórico. Entre muros de aparejo toledano, se extienden cada vez más puertas y ventanas bloqueadas con cemento, cuando no simplemente con gruesos ladrillos.
Basta con dar un paseo por la zona trasera del Rojas, entre Trastámara y la Candelaria, para encontrar en torno a una docena de inmuebles deshabitados que, de una u otra forma, tienen tapias en puertas y ventanas. Sin embargo, es una situación que se extiende por todo el Casco. Hilario Alarcón, de Iniciativa Ciudadana, recuerda como ejemplo más antiguo el solar en la calle del Ángel, y destaca que «el gran ejemplo del movimiento urbanístico de enladrillamiento de ventanas, balcones y puertas es la manzana de casas en la bajada del Pozo Amargo, esa tomadura de pelo de Hotusa a la ciudad de Toledo con la colaboración del Concejal de Urbanismo de turno del Ayuntamiento de todo signo y color». Se muestra convencido que la empresa volverá a no ejecutar la enésima licencia de obras que ha solicitado. «Casi veinte años llevan los vecinos de la zona obligados a convivir entre casas en ruinas apuntaladas», critica.
Alarcón comprende que el tapiado de puertas y ventanas es una solución a la que puede obligar en un momento dado el Ayuntamiento a los propietarios de inmuebles vacíos para combatir el movimiento ocupa. Normalmente se da en inmueble sin vecinos, vacíos desde hace tiempo, y «la gente que tiene necesidad de vivienda se busca así desgraciadamente la vida». La respuesta radical es tapiar todos los vanos de la casa con ladrillos.
Sin embargo, curiosamente, hay inmuebles que mientras que tienen la planta baja totalmente tapiada, conserva ventanas y balcones abiertos, desde los que se puede observar un interior, en ocasiones tremendamente deteriorado. Es una estrategia ya clásica, explica Alarcón. Ocurre, sobre todo, en inmuebles con algún valor patrimonial, cuyo arreglo costaría muy caro. Los propietarios dejan las ventanas abiertas, para que las viviendas se deterioren antes por los pisos altos. De esta forma, advierte, intentan conseguir la declaración de ruina, y así construir sin ser tan estrictos a la hora de conservar los elementos patrimoniales, y se aminora el precio de la obra.
Desde su nacimiento, Iniciativa Ciudadana está muy preocupada por el despoblamiento del Casco, que tiene como consecuencia este tipo de situaciones en el parque de viviendas. Apunta Alarcón que no sólo las viviendas con evidentes problemas de deterioro están vacías, también lo están otras en aparente buen estado. Iniciativa critica que la política del Consorcio de Toledo, cuya actuación «no se refleja en un aumento de la población del Casco, que disminuye». Al principio, creó «miniapartamentos que eran la base de la especulación inmobiliaria, y segundas viviendas que no aportaban nada a la vida vecinal del Casco», y ahora «está subvencionando mucha rehabilitación de edificios que se dedican a apartamentos turísticos».
Ejecuciones. Para luchar contra la ruina de inmuebles, no sólo en el Casco, sino en toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene entre sus competencias el desarrollo de órdenes de ejecución. Afecta al vallado de solares, condiciones de insalubridad de obras sin concluir, cornisas, cubiertas, ventanas abiertas con animales o edificios en situación de ruina. Durante el pasado año 2015, explica el concejal de Urbanismo, Teo García, el Consistorio tramitó unos cuarenta expedientes de órdenes de ejecución. La mayor parte de ellas se resolvieron en el plazo previsto, y el Ayuntamiento tan sólo tuvo que sancionar a ocho propietarios. El setenta por ciento de estas órdenes afectaron al Casco, donde no hay ningún plan específico. Aquí el problema puede estar en detectar la titularidad del inmueble. El otro treinta al resto de la ciudad, algunas de las cuales se refieren a la supresión de vegetación en parcelas abandonadas.
Normalmente, advierte García, las ejecuciones vienen causadas por una denuncia de particulares, Policía Local, bomberos, o por la observación de los técnicos. Al final son estos los que hacen una valoración, y si es competencia de Urbanismo, se da un trámite de audiencia al interesado. En el propio informe, se suelen recoger las medidas a tomar, el coste aproximado de la actuación y un plazo. La Concejalía materializa la actuación a través de un decreto que puede pedir limpieza, apuntalamiento del edificios o que se tapen las ventanas. En definitiva, sienta las medidas para subsanar los problemas detectados. De no hacerlo el propietario en un espacio determinado lleva no sólo consecuencias jurídicas, sino de sanciones reiteradas por el importe del diez por ciento del valor de la obra. Lo normal es que a la segunda multa, comiencen las obras.
Todas estas cuestiones, apunta García, están basadas en el artículo 9 de la Ley del Suelo.