"Así no se puede gobernar". La frase, conste, no es mía: es de la vicepresidenta segunda del Gobierno y lideresa de Sumar. Se refería doña Yolanda Díaz al revolcón sufrido en la votación de 'su' decreto sobre reforma del subsidio de desempleo, 'tumbado' por Podemos, que, malvadamente teledirigido por el ausente Pablo Iglesias, ya está en clara guerra contra Díaz. Claro que la vicepresidenta podría haberse referido también a otras muchas cosas: por ejemplo, a la dependencia que el Ejecutivo mostró respecto del partido de Puigdemont, Junts, evidenciada una vez más en la sesión plenaria más atípica que quien suscribe haya contemplado en décadas. El caso es que esta frase, pronunciada nada menos que por la jefa del partido coaligado con el PSOE para la gobernación del país, evidencia algo que va contra lo que todos los portavoces gubernamentales te dicen en público: lo que se pretende con todo esto es la 'normalización política', en Cataluña y en toda España. Pues si esto es normalización, que venga Dios y lo vea.

"¡Es la normalidad, estúpido!". Así podríamos parafrasear aquí y ahora a la célebre exclamación, tan citada en tantas ocasiones, 'Es la economía, estúpido!', pronunciada por James Carville, un asesor de Bill Clinton. Lo que ocurre es que aquí lo que está reinando, digan lo que digan desde La Moncloa y aledaños, es la anormalidad más absoluta. Y, si no, considérese que el pleno del Congreso que iba a aprobar una serie de reales decretos-leyes, alguno de ellos un auténtico ómnibus pandemónico, se celebró en el Senado (por reformas en el Congreso), en un mes fuera del período constitucional de sesiones legislativas, con prisas que impidieron debatir punto por punto el enmarañado paquete legislativo que nadie pudo estudiar con la debida antelación y que debía aprobarse forzosamente si se quería que la Unión Europea nos hiciese llegar diez mil millones de euros de los fondos next generation.

Añádase a todo esto que, para que sus siete diputados aprobasen el paquete exigido por Europa, Junts puso una serie de condiciones que el Gobierno hubo de ceder a ultimísima hora, cuando ya la agitada votación -hasta hubo un diputado que se equivocó- estaba a punto de celebrarse; o que los ministros andaban por los pasillos obviamente desconcertados, porque desconocían lo que la 'delegada' de Puigdemont, la aguerrida diputada Miriam Nogueras, haría finalmente -simplemente, no acudir a la votación, lo que permitió al Gobierno sacar adelante su propuesta--.

Y, por si faltaba poco, asistimos a la derrota del decreto sobre reforma de los subsidios de desempleo, proyecto tan caro a Yolanda Díaz, de la que los cinco diputados de Podemos se vengaron, sin más justificación que su rencor por haber sido apartados del Gobierno, votando negativamente y provocando una dura reacción de la vicepresidenta ante los periodistas. Habría que considerar, por cierto, que el decreto emanado de Trabajo, el departamento de la señora Díaz, era el que mejor hubiese merecido un aprobado desde la izquierda en la bochornosa jornada congresual, digo senatorial, qué lío.

No, así no hay quien gobierne, y la narración de lo ocurrido en la jornada del miércoles en el Senado, bien que lo refleja: Junts chantajea al Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene que ceder en cosas tan importantes -dejamos la amnistía al margen, porque eso ya se había cedido- como traspasar a la Generalitat catalana, entre otras cosas, nada menos que la gestión de la inmigración, que es un problema grave en la gobernación de Cataluña y que constituye una muy severa cesión por parte del Estado -nada menos que la gestión de las fronteras- a una sola y privilegiada autonomía.

Pienso que debería Sánchez, tan aplaudido por su grupo como denostado por la bancada de enfrente, meditar en las palabras de su vicepresidenta, que este miércoles tan dolida se manifestaba ante los corrillos de periodistas en la Cámara Alta. Y, si no le basta con el 'así no se puede gobernar', quizá debería leer con atención, ya digo, los titulares de la totalidad de los medios de comunicación tras la agotadora, caótica, irregular y preocupante sesión parlamentaria en la Cámara Alta que hacía de Cámara Baja y en la que no pudieron ni albergarse presencialmente, porque no cabían, todos los diputados: todos estos titulares hablaban de cesiones desmesuradas, inconvenientes, a Puigdemont, de sesión vergonzosa en el Senado, de extorsiones desde Waterloo, de que así, con peajes diarios, va a resultar imposible completar una Legislatura. Etcétera.

Este es uno de los países -descartemos casos dramáticos, como el de Ecuador, claro. O la locura preelectoral en los Estados Unidos- en los que la anormalidad política resulta más patente. Una anormalidad que abarca desde a las instituciones -ahí está, para la meditación, la fiesta en Abu Dabi por el cumpleaños del rey emérito- hasta a los agentes sociales, a los que se amenaza si no aceptan las condiciones del Gobierno en cuanto a la subida del salario mínimo, por ejemplo. Anormalidad que pasa, véase lo de este miércoles, por el poder Legislativo y no hablemos ya del Judicial. No, así no se puede gobernar y, desde luego, así no se llegará a completar los cuatro años de una Legislatura que ha comenzado tan... estrepitosamente, vamos a decirlo así, para no asustar a los más timoratos.