El Ayuntamiento de Toledo acaba de recibir una resolución que afecta directamente al contrato de depuración de aguas residuales, adjudicado a Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense) en septiembre, que se encontraba en suspensión cautelar tras el recurso de FCC Aqualia, la actual concesionaria, que ejerció su derecho de reclamación días más tarde acudiendo al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el órgano especializado para resolver recursos especiales en materia de contratación. 

En este caso, el tribunal ha tardado tres meses en dirimir este conflicto administrativo y el pasado 12 de diciembre firmó una resolución que obliga, en principio, a cambiar de planes al equipo de Gobierno municipal respecto a este contrato, dado que estima buena parte del recurso que interpuso Aqualia, cuya oferta fue la segunda mejor clasificada durante la licitación, y acuerda la exclusión de Facsa «por incluir variantes no previstas en los pliegos» del concurso.

Asimismo, la resolución, a la que ha tenido acceso La Tribuna, ordena «la retroacción del expediente al momento de valoración de las ofertas en relación con los criterios subjetivos. En este caso, la oferta de Aqualia, la licitadora recurrente, ocuparía la primera posición. 

Si bien, no se puede dar por hecho aún que este nuevo contrato de depuración de aguas residuales de Toledo, con un coste de 41,3 millones  de euros por un periodo de diez años, recaerá de nuevo en Aqualia, puesto que esta resolución únicamente agota la vía administrativa y cabe recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses.

En la resolución también se indica que se levanta la suspensión cautelar del contrato, una paralización que obligó al Ayuntamiento a prorrogar el actual con Aqualia desde el 16 de octubre echando mano de una partida de 1.058.287 euros, cuantía estimada que se sujeta a los ajustes que sean oportunos. 

Por otra parte, el Tribunal Central de Recursos Contractuales también hace especial mención al recurso de Aqualia con el que se pretendía la exclusión de Facsa, titular a su vez de la empresa Tagus, concesionaria del abastecimiento de agua en Toledo, y de la tercera clasificada en la licitación, la UTE 'Carrión-Socamex'. En este último caso, este órgano especializado en materia de contratación entiende que el resultado del recurso respecto a la tercera licitadora no añadiría beneficio para Aqualia, al encontrarse por detrás en la valoración de ofertas, y renuncia a estudiar a fondo esta impugnación. 

Los antecedentes. El Ayuntamiento de Toledo sacó a licitación en marzo pasado este contrato orientado a la prestación de la depuración de aguas residuales en las tres estaciones disponibles en la ciudad: Estiviel, Santa María de Benquerencia  y San Bernardo, con el objetivo puesto en mejorar el servicio y que la adjudicataria realice mejoras en las estaciones durante el contrato por valor de cuatro millones de euros. 

Durante la licitación se presentaron seis ofertas y tras la valoración técnica y económica de las propuestas, la mesa de contratación del Ayuntamiento propuso, el pasado 3 de septiembre, adjudicar el nuevo contrato a Facsa. Las licitadoras fueron informadas días más tarde y recibieron una segunda notificación poco después indicando la posibilidad de recurso  especial en materia de contratación, puesto que el coste del contrato supera los 100.000 euros, porque en el documento inicial figuraba el recurso de reposición. 

Una vez subsanado este error administrativo,  Aqualia interpuso el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el 26 de septiembre, indicando que el acuerdo de adjudicación «es nulo de pleno derecho o, subsidiariamente, está viciado de anulación», y argumentó que tanto  Facsa como la UTE 'Sarrión-Socamex habían incumplido el apartado relativo al calendario y a la ejecución de las inversiones «al introducir variantes no permitidas» en el pliego de prescripciones técnicas que, a su juicio, conllevarían la exclusión de la licitación.

Además, Aqualia cree necesario poder conocer si Facsa estaba al corriente de sus obligaciones tributarias durante la licitación y apunta a una «indefensión» por el hecho de que la mesa de contratación no ha facilitado el acceso completo al expediente administrativo de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La resolución. El Tribunal Central de Recursos Contractuales señala en su dictamen que tanto Facsa como la tercera clasificada, pese a que esta última queda excluida del recurso, ofertaron soluciones u opciones alternativas a la prestación del servicio de depuración que no indicaban los pliegos de condiciones del contrato, con lo que estas variantes debían haberse contemplado en los requisitos y en el anuncio de licitación.

En este caso concreto, el pliego de prescripciones técnicas aludía a la reconversión de las torres de desodorización y automatización  para el buen funcionamiento del servicio y Facsa planteó su propuesta aludiendo «a la instalación de nuevos scrubber en lugar de contemplar la reconversión del sistema existente». Un motivo suficiente para que su oferta haya quedado excluida.