Fernando testificó, renqueó hasta alcanzar el primer banco del juicio y siguió ayer durante tres horas con la muleta entre las manos la sesión en la Audiencia Provincial. Estaba sentado detrás de Cristian, el acusado por tentativa de homicidio tras atropellar al denunciante en Cazalegas. Unas lesiones que propiciaron unas secuelas graves que lo han incapacitado para ejercer como albañil. Delante de él, un hombre rapado y corpulento que negó un volantazo para arrollar deliberadamente. «Me despisté una milésima de segundo», defendió.

Fernando había terminado su trabajo y se juntó con su esposa y sus tres hijos en una plaza de Cazalegas. Era el 8 de agosto de 2019. La familia regresaba a su domicilio por una calle sin acera que se estrechaba como un embudo cuando un vehículo pasó a gran velocidad. El padre se giró e increpó acompañado de aspavientos a ese conductor; acto seguido, un vehículo de color rojo lo arrolló. Voló unos cuatro metros. El golpe derivó en una convalecencia de 11 días de perjuicio grave y 325 moderado. Y tres intervenciones quirúrgicas a consecuencia de las secuelas. Y un reconocimiento oficial: incapacidad permanente total para desempeñar su trabajo de oficial de albañil.

Por su parte, Cristian aminoró la marcha tras el atropello, pero huyó. Iba bebido y drogado, según expuso su abogado. 11 horas después, se presentó en la Guardia Civil de Talavera para reconocer los hechos. Pasó dos meses y medio en prisión preventiva hasta que salió y proporcionó los datos del vehículo. Se trataba de un turismo que estaba probando para su adquisición.

«Lo siento en el alma. No lo tendría que haber hecho. Fue un error el irme», admitió el procesado a preguntas de su letrado, el único al que respondió en el interrogatorio.

El denunciante cree que el acusado quiso asustarlo por los aspavientos al otro conductor, pero «pierde el control» del coche. Fernando y Cristian ni se conocían.

Un vecino de Cazalegas, localidad que celebraba ese día de verano la semana cultural, presenció el suceso. Ratificó que dos vehículos circulaban a gran velocidad. Y el de color rojo marchaba detrás, «Fue un leve cambio de trayectoria. Fue un accidente. No lo intentó atropellar aposta. No hubo un intento de matarlo», opinó el testigo ocular, quien vio cómo el conductor bajó la marcha tras el arrollamiento pero siguió su trayectoria.

El testigo estaba a unos 20 metros de Fernando y negó insistentemente que fuera un atropello intencionado.

El fiscal mantiene lo contrario y acusa a Cristian de tentativa de homicidio. «De accidental tiene poco», sostiene. Como alternativa, eso sí, propone un delito de lesiones por imprudencia grave y reclama dos años de prisión.

La pareja de Fernando y madre de sus tres hijos explicó secuelas como la muleta. «No puede girar sin ella porque pierde el equilibrio», detalló y apuntó también un dolor de cadera que puede conllevar una próxima colocación de una prótesis. El denunciante lloró entonces. Fue la primera vez pero no la última durante el juicio.

El dueño del vehículo, por su parte, reforzó que se trataba de una prueba para la compraventa del vehículo de color rojo. La conducción duró unos minutos, sin que en el regreso al polígono de Cazalegas, Cristian reconociera la comisión de un atropello.

Entre las periciales, los forenses indicaron que las lesiones del atropello «no supusieron riesgo vital» para Fernando. Pero sí han generado un acortamiento de la pierna derecha, dolor en la rodilla, la cojera y una posible afección de la cadera.

La defensa rebaja a lesiones por imprudencia y pide 3 atenuantes

La defensa de Cristian sostiene que se trata de un delito de lesiones por imprudencia y pide la aplicación de tres atenuantes. La primera sería la de confesión porque se presentó 11 horas después de los hechos ante la Guardia Civil. La segunda mencionada se refiere a las dilaciones indebidas por la excesiva duración del proceso judicial. La tercera busca el reconocimiento de la drogadicción.

La Fiscalía mantiene la petición inicial de responsabilidad civil, cifrada en 102.475 euros por los menoscabos físicos, el perjuicio estético, la incapacidad laboral, las intervenciones quirúrgicas y la pérdida de la calidad de vida. Además, en caso de quedar acreditado la comisión del dolo, las cantidades aumentarán en un 30 por ciento.

La acusación particular, que defiende el mismo planteamiento de penas de prisión para el acusado, plantea unas indemnizaciones más altas que no expuso en la sesión.

La compañía aseguradora del vehículo y el Consorcio de Compensación de Seguros figuran también como acusación particular. Así, falta por aclarar la responsabilidad del pago en las indemnizaciones.