El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional para fijar nuevas normas que reduzcan las emisiones contaminantes de la industria en la UE, incluidas las que generan la ganadería intensiva de aves y porcino y la minería. «Estamos estableciendo normas más estrictas para abordar la contaminación en el origen, al mismo tiempo que mejoramos la presentación y el monitoreo de las emisiones», declaró en un comunicado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en representación de la presidencia española del Consejo de la UE.

La Directiva de Emisiones Industriales es el principal instrumento de la UE para regular la contaminación de instalaciones industriales y agroindustriales con sustancias como óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono, que deberán obtener permisos de emisión de los Estados miembros, siempre que cumplan con los requisitos exigidos. El acuerdo provisional, que tendrán que validar formalmente el Consejo y el pleno de la Eurocámara, busca «ofrecer una mejor protección a la salud humana y al medio ambiente mediante la reducción de emisiones perjudiciales de instalaciones industriales, incluyendo granjas de cría intensiva de animales, en el aire, agua y suelo, así como a través de vertidos de residuos», indicó el Consejo.

Consejo y Parlamento han acordado ajustar ciertos umbrales para la cría de animales. La norma afectaría a las granjas intensivas por encima de 350 UGM para cerdos, 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 para instalaciones mixtas, con normas que se aplicarán de manera progresiva a partir de 2030 y empezando con las granjas más grandes. «Las explotaciones extensivas y la cría de animales para uso doméstico quedarían excluidas del ámbito de la directiva», precisó el Consejo.

La revisión legislativa insta a los Estados miembros a establecer «sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas para aquellos que infrinjan las medidas adoptadas para implementar la directiva», multas que deben tener en cuenta «la gravedad y duración de la infracción, si es recurrente, y las personas y el medio ambiente afectados»; y que deberán ser de «al menos el 3% de la facturación anual del operador en la UE».

Según COPA-COGECA, representante de los agricultores y cooperativas comunitarios, el acuerdo, lejos de suponer un alivio, provoca un sentimiento de incomprensión y preocupación entre muchos ganaderos. Según la organización, los negociadores, en particular los del Parlamento Europeo, han intentado enérgicamente modificar una propuesta de la Comisión que no se ajustaba a la realidad sobre el terreno. Los eurodiputados consiguieron excluir al ganado vacuno del ámbito de aplicación de la directiva (al menos por el momento). Sin embargo, los colegisladores desestimaron las consecuencias que esto acarreará para las explotaciones avícolas y porcinas, incluidas las mixtas, que ahora han entrado en el ámbito de aplicación de la nueva Directiva.

Las consideraciones sobre las cláusulas de reciprocidad no llegaron a la orilla, lamenta COPA-COGECA, dejándolo para una posible revisión en 2028. ¿Quién podrá explicar a las familias campesinas europeas que la UE va a importar, a través de la actual agenda comercial europea, carne y huevos de empresas extranjeras que no respetarán ninguna de las normas de la DEI? Añaden que resulta difícil de entender que los criadores infractores puedan recibir multas equivalentes al 3% de su volumen de negocios anual, lo cual sería «extremadamente gravoso para los pequeños y medianos ganaderos».

En el aire.

Unión de Uniones, por su parte, considera que el acuerdo provisional del Consejo y Parlamento sobre la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales podría expulsar de la producción a miles de granjas avícolas y porcinas de mediano tamaño que no serán capaces de asumir las exigencias que se les aplicarán. La organización recalca que las implicaciones de bajar el umbral de UGM a partir del cual se aplicará la Directiva de Emisiones Industriales incrementará la carga burocrática, los costes de gestión y los niveles de inspección a las granjas que apenas alcanzan una UTA (trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), por lo que las exigencias pasarán a ser inasumibles para este rango de granjas, a las que exigirán lo mismo que a las grandes industrias energéticas, metalúrgicas, minerales, químicas…

Además, la organización recuerda que, pese a su aplicación gradual a partir de 2030, estas nuevas exigencias se suman a las normativas de bienestar animal que están obligando a reducir el censo de las granjas o la implantación de MTD, entre otras, que están ahogando a la actividad ganadera.

«Las palabras y las declaraciones de nuestros gobernantes son papel mojado. Lo que vemos en la realidad es que se aprueban normativas que promueven un modelo ganadero en la Unión Europea en el que se expulsa del sistema a las granjas de mediano y pequeño tamaño a base de aumentar exigencias. Desde las instituciones están industrializando la actividad ganadera y borrando cualquier oportunidad de relevo generacional», asegura Unión de Uniones.

La organización considera que otro de los posibles efectos de este nuevo aumento de las exigencias se traducirá «en una fuga de emisiones al aumentar estas imposiciones para miles de granjas europeas, de las que muchas acabarán finalmente cerrando». Con estas inaceptables condiciones -señala Unión de Uniones- «ponemos en bandeja que las empresas deslocalicen su producción fuera de la UE, a zonas con menos exigencias ambientales y de todo tipo y como no se ha trabajado en implantar un sistema de cláusulas espejo, van a poder importar esa producción mucho más contaminante y nociva para el medio ambiente sin ningún problema».