Los padres de Nico Williams llegaron a España desde Ghana, cruzando el Sahara a pie. Tras saltar la valla de Melilla pudieron quedarse como refugiados en España. Las gestas deportivas en la Eurocopa de Nico y su amigo Lamine Yamal han coincidido con la polémica por el cupo de menores no acompañados, algunos también llegados tras arriesgar su vida, en las distintas autonomías.
El prototipo medio de estos niños es de más chicos que chicas, en su mayor parte procedentes de Marruecos, evidentemente menores, y muchas veces estudiantes, que llegan a la Universidad. Aunque ciertamente hay todo tipo de jóvenes y niños y niñas, algunos incluso recién nacidos de otras menores y no necesariamente extranjeros, también los hay españoles. Así lo ha destacado el responsable en Castilla-La Mancha de la Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem), Braulio Carlés.
En Castilla-La Mancha es la Junta de Comunidades la que tiene la tutela de estos niños, que los deja centros u 'hogares' que guarda Accem. La Asociación cuenta en Toledo con un centro de diez plazas para acoger a estos niños no acompañados, que se suma a las otras seis de ocho plazas en el resto de la región.
«Estamos abiertos a todas las necesidades. Muchos de los chavales son de Castilla-La Mancha, aunque otros vienen de otros lugares, el más frecuente, Marruecos, pero pueden venir del África Subsahariana», apunta Carlés. Son niños y jóvenes muchos de ellos con verdaderos dramas a sus espaldas, «vienen de situación de pobreza y les envían a Europa a trabajar, como aquí hace cincuenta o sesenta años, y hay que hacer un trabajo de mediación con la familia para explicarles que trabajarán, pero que ahora lo que tienen que hacer es formarse». En esta situación, Carlés explica con orgullo que muchos jóvenes llegan a acceder al mundo universitario «y viven experiencias que te hacen sentir que ha merecido la pena todo esto». Porque muchos de estos menores, apunta Carlés, «son gente con muchas cualidades, muy preparados y que nosotros queremos que, en la medida de lo posible, tengan la mejor formación, como cualquier ciudadano, nuestro trabajo es intentar que lleguen a lo más alto en función de sus capacidades y sus posibilidades».
El proceso. Estos niños llegan a lugares como Toledo distribuidos desde el Gobierno central hasta la comunidad autónoma. Lo normal es que accedan a algún centro, como los de Accem, con una plaza que se ha quedado disponible, todo muy ordenado. A partir de ahí comienza un trabajo muy personalizado, entre el director del centro, los educadores y la gobernanta, un equipo multidisciplinar en cada dispositivo. Hay educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos trabajando con estos pequeños.
Es el Estado, apunta Carlés, el que reparte a los menores y en consecuencia, tiene que aportar a las comunidades el dinero correspondiente para que llegue a los centros. Cuando lleguen los nuevos menores, Accem se tendrá que sentar con la Consejería de Bienestar Social, la directora de Infancia y Familia y otras entidades que trabajan con menores, para hacer un trabajo consensuado. Los niños y jóvenes llegarán a plazas vacías o a centros creados ad hoc, que tiene que pagar el Ministerio. «Pero son cifras de menores irrisorias en este momento, en el que hay más conflictos mundiales que nunca, cuando tenemos que partir de los principios de solidaridad y generosidad. Cuando mira alguien a otro lado o dice inhumanidades, les enseñaba la realidad pura y dura y el sufrimiento que hay detrás», explica Carlés. Recuerda que al final, detrás de tanto sufrimiento, Europa y Estados Unidos se convierten en refugio, «lo que requiere políticas europeas migratorias solidarias y generosas, sea para mayores o para menores».
Tras su experiencia, Carlés lamenta la «actitud errónea» de quienes criminalizan a estos niños «desde el más profundo desconocimiento». Ha llegado a escuchar en televisión barbaridades como que había que pagar por hacer devoluciones de los jóvenes «desde la más absoluta ignorancia». Efectivamente, a veces puede haber problemas «como también los hay aquí y como también los dan los españoles y a nadie se le ocurre echar a un menor por muy problemático que sea. Te pones a analizar su historia y son vidas muy difíciles y que hay que trabajar por mejorar, alcohol, drogas, vicios cárcel, embarazos no deseados, fundamentalmente entre los españoles, y extranjeros que llevan años pululando por la calle, con gente que les ha pasado malas pasadas». Carlés explica, por lo tanto, la necesidad de un trabajo adecuado con ellos, que incluye un proceso de integración, desde la escolarización y el trabajo con las familias, en busca de su autonomía.
Al cumplir los 18 años, hasta los 24, finalmente, estos jóvenes acceden al Programa de Autonomía, que no es igual en todas las provincias. Carlés apunta que en algunas de ellas hay problemas para que los hasta ahora menores accedan al Programa, pero espera que se solucione en breve. Es un programa en el que se sigue acompañando al joven, que no se queda en la calle, y continúa la formación, en módulos o universitaria. Se trata, apunta Carlés, de un seguimiento especializado, «no café para todos».
A su juicio, el modelo de Castilla-La Mancha es «muy acertado», con jóvenes integrados por hogares de ocho o diez personas desde donde se hace un seguimiento «y nuestro orgullo pasa por saber que al cabo del proceso son personas que nos ven como referentes y nuestros hogares son al final como su casa».