Desde hace años, vecinos de barrios como Montesión, cuya gestión es privada, están luchando por conseguir que sus calles y su mantenimiento sean públicas, como las de la mayor parte de la ciudad. Son barrios gestionados en este momento por una entidad urbanística de conservación, cuyo día a día está costando mucho dinero a sus propietarios. Prueba de su interés son los procesos administrativos y judiciales que estos residentes están llevando a cabo, que han llevado a que los tribunales les den la razón, en una sentencia ya firme desde septiembre de 2020.

Pero el Ayuntamiento todavía no ha cumplido esta sentencia, y con el cambio de Gobierno e incidentes como la última Dana, vecinos de Montesión se han puesto de nuevo en contacto con el Consistorio para tratar de cederle las calles. La respuesta del Consistorio ha sido clara. «Somos receptivos a recepcionar ese barrio e integrarlo como un barrio más de la ciudad, pero queremos recepcionarlo en buenas condiciones, cuando se los vecinos hayan solventado algunas deficiencias», apuntan fuentes municipales. Más allá de la sentencia, «estamos convencidos de que tenemos que asumirlo, estamos convencidos de que Montesión tiene que formar parte de los barrios de Toledo».

Condiciones. Es decir, el equipo de Gobierno pone dos condiciones sobre la mesa antes de recepcionar Montesión. Por un lado, todos los propietarios deben estar de acuerdo, «porque lo que no queremos es crear un conflicto». Y además los vecinos deben entregar el barrio al Ayuntamiento «en condiciones, con todas las garantías, como un barrio más». No es que vaya a exigir que esté como si una constructora acabara de urbanizarlo y entregarlo. Pero los servicios jurídicos han señalado que antes de asumirlo, las calles deben estar en condiciones, para no castigar a las arcas municipales. Hay aceras y calzadas muy deterioradas, que prácticamente hay que rehacer, también las últimas aguas han causado daños en rodaderos, y antes de que el Ayuntamiento se haga cargo y se formalice la cesión, pide a los propietarios que arreglen estas cuestiones. En cualquier caso, dado que se trata de vecinos y no de una empresa, el equipo de Gobierno está dispuesto a ceder y ayudar en las obras con sus medios propios o los contactos con empresas, «podemos tener la mano más tendida y echarles una mano».

Lo cierto, apuntan  fuentes municipales, es que la sentencia que obliga al Ayuntamiento no habla del cómo, ni del cuándo. Su voluntad ahora es cumplirla «no nos oponemos, pero lo queremos hacer bien». Ya se han producido varios encuentros entre propietarios y equipo de Gobierno. Hay conversaciones con la entidad urbanística de conversación. Y el Ayuntamiento ha expresado que lo que no quiere son enfrentamientos vecinales, todos tienen que estar dispuestos a arreglar las deficiencias y a ceder después las instalaciones al Ayuntamiento. A partir de ahí, «la voluntad del equipo de Gobierno es proactiva, de llegar a un acuerdo de la mejor forma posible cuando se arreglen las zonas dañadas, algo que también se podría estudiar». Su condición es diálogo y consenso.

Antecedentes. El acatamiento en 2021 de la orden judicial parecía la culminación de un camino emprendido por los residentes por vía administrativa y judicial, que comenzaba diciembre de 2013, cuando el Gobierno municipal desestimó la solicitud de San Bernardo acerca de traspasar al Ayuntamiento las tareas de conservación y mantenimiento de los viales y zonas públicas. En desacuerdo con la decisión, los vecinos acudieron a los juzgados donde una sentencia les reconoce en 2016 el derecho a que el Ayuntamiento se haga cargo del cuidado de la urbanización. En 2019 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso de apelación del Ayuntamiento considerando que no incumbía a la Administración conservar las obras de urbanización cuando se trata de núcleos de población de baja densidad, autónomos, de uso turístico o residencial. Pero en septiembre de 2020 otra sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó su recurso de casación y confirmó la sentencia de diciembre de 2016. Los magistrados dictaminaron que «la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos corresponde, por tanto, al Ayuntamiento».